La constituyente es el camino

Por Luz B. Jiménez/Pablo Borrero

Ante la crisis institucional que afronta el país la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente y Legislativa se convierte en la mejor alternativa democrática para conjurar la crisis y aprobar las reformas económicas, políticas y sociales que hoy se requieren para avanzar por los caminos de la paz con justicia social y bienestar general, frente a las medidas propuestas por el gobierno del Presidente Santos y de algunos sectores políticos pertenecientes a las clases dominantes, que más bien parecen paliativos que poco o nada servirán para resolver los graves problemas de inequidad y desigualdad social, derivados de la concentración de la riqueza en pocas manos, la utilización del poder como instrumento de enriquecimiento individual y el acrecentamiento del autoritarismo y la corrupción a todos los niveles de la vida social e institucional.

Ahora bien, de acuerdo con el artículo 376 de la Constitución Política corresponde al pueblo convocar a una Asamblea Nacional Constituyente previa la aprobación de una ley en el Congreso en la cual se fijará la competencia, el período y la composición de sus miembros.

Tal como está establecido la Asamblea Nacional Constituyente debe ser elegida por el voto directo de los ciudadanos con la participación cuanto menos de una tercera parte de integrantes del censo electoral. No es cierto por tanto que los Constituyentes puedan modificar a su antojo todo el contenido de la Constitución cuyos temas deben ser definidos en la ley que ordena la convocatoria.

En esta etapa de la vida nacional es preciso que dicha iniciativa propuesta por la insurgencia y algunos dirigentes políticos y sociales, deje de ser una simple posibilidad formal para convertirse en una realidad palpitante que involucre a todas las fuerzas políticas, sociales y regionales dispuestas a contribuir a la transformación de la sociedad, con miras a la construcción de una nueva realidad social, diferente a la que los ciudadanos estamos padeciendo por cuenta de la hegemonía de una clase dirigente incapaz de superar sus propias contradicciones en el seno del poder del Estado.

Lo sucedido en el caso de la administración de Justicia constituye una prueba fehaciente de la inoperancia del régimen para resolver incluso los asuntos que atañen a su competencia, desbordada por el autoritarismo, la corrupción y el clientelismo político que hoy se extiende a los demás órganos del poder público en su conjunto.

Mientras tanto los ciudadanos en todo el país no solo exigen la remoción de aquellos funcionarios públicos al servicio de las mafias y carteles de la contratación que utilizan el poder del dinero para comprar favores y prebendas, sino que además demandan por un cambio social y político y de las denominadas instituciones representativas del pueblo, de la rama judicial y de la actitud del gobierno de turno, que no está en condiciones de implementar en medio de la crisis las soluciones que requiere el país.

Y de ahí que la solución a los graves problemas que aquejan a la Nación pase necesariamente por la convocatoria de una Asamblea Constituyente y Legislativa encaminada a conjurar la crisis y profundizar en el cambio social, la cual no debe estar precedida únicamente del querer y la voluntad de la insurgencia sino de la unidad, organización y movilización de las fuerzas democráticas y progresistas que de la mano del pueblo son en esta hora las llamadas a definir su propio destino histórico.

VEEDURIA CIUDADANA POR LA DEMOCRACIA Y LA CONVIVENCIA SOCIAL

El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la

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