Por: Ramiro Varela M
Representante de los propietarios de predios gravados con valorización
La semana pasada comenzó con la decisión del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, contenida en el oficio 1445 ICANH 105 de Mayo 16 del 2011 (adjunto), de suspender las obras del Hundimiento de la Avenida Colombia en las áreas en donde se desarrolla el plan de manejo arqueológico, es decir en el Puente Ortiz y en el Puente de la Cervecería en la Calle 8ª.
Esta crítica situación llevó a que se conocieran una serie de pormenores que demuestran, una vez más la imprevisión, irresponsabilidad e ilegalidad del Alcalde Jorge Ivan Ospina Gómez y la Ministra de Cultura, Mariana Garcés Córdoba. Estos tramitaron la aprobación de la Megaobra del Hundimiento, sin cumplir los requisitos legales y autorizaron, por resolución del 21 de Diciembre pasado, la intervención en la Avenida Colombia, sin prever la existencia física de un patrimonio histórico y cultural como son los restos del Puente Ortiz.
Estos hecho se desencadenan después de un acuerdo económico entre INCIVA y la Alcaldía por $300 millones, para continuar en el proceso de elaboración del plan de manejo arqueológico.
Irregularidades del alcalde y otros.
Se demostró, una vez más, que en el hundimiento de la Avenida Colombia se obviaron los requisitos legales entre el Alcalde, el Secretario de Infraestructura y valorización, el Director de Planeación Municipal y el Concejo Municipal:
Presentación al Concejo un plan de obras violatorio del estatuto de valorización, de la ley orgánica de planeación y decretación de la obra por valorización mediante Acuerdo 241-2008, sin cumplir el mismo estatuto contenido en el Acuerdo 178-2006 y de esa manera violando la ley 152 de 1994.
Distribución, liquidación y cobro de la contribución forzosa por resolución sin los estudios y diseños contenidos en el Acuerdo 261 del 2009.
Apertura, cierre de la licitación y contratación de las megaobras, sin los estudios y diseños mínimos requeridos para una obra a contratar, con fuente de recursos de valorización, vulnerando el Decreto legislativo 1394 de 1970.
Tramitar ante el Ministerio de Cultura la autorización de intervención en la Avenida Colombia sin tener la licencia de intervención del espacio público que debería expedir Planeación Municipal, violando la ley de ordenamiento territorial No 388 de 1997 y el POT Acuerdo 269 del 2000.
¿Por qué protestó y cómo arregló INCIVA?
La alcaldía no hizo el pago de $300 millones al programa de arqueología preventiva. El Alcalde quedó de nuevo en evidencia. El contratista de la Megaobra del hundimiento de la Avenida Colombia, CONALVIAS, transfirió la responsabilidad de financiación del programa de arqueología preventiva a la Alcaldía de Cali, quien no habría aceptado el acuerdo económico.
No se le pagaron las actividades de monitoreo arqueológico, para la elaboración del plan de manejo, de la Megaobra de Hundimiento de la Avenida Colombia a INCIVA y esto originó la suspensión del monitoreo. Esta suspensión se hizo efectiva a partir del 6 de mayo y el ICANH recibió la información el 10 de Mayo. De esta manera, notificó la suspensión de la obra del hundimiento en los sectores donde hay hallazgos, a partir del 16 de Mayo.
Cuando la información se da a conocer en los medios de comunicación, y especialmente en RADIO SUPER, la Alcaldía corre a prometer de palabra el pago mediante un convenio que debe firmarse esta semana, pero que tiene numerosos problemas legales e irregularidades.
No hay plan de manejo arqueológico y aún falta por contratar la museografía:
Para la aprobación y decretación de las Megaobras no se tuvo en cuenta esta circunstancia, real y legal: la existencia de los monumentos nacionales enterrados. Igualmente, se omitió el requisito de ley para el cobro de la valorización y para la licitación-contratación. El contratista, Conalvias, le transfirió la responsabilidad de la planeación de la obra a la Alcaldía. Es decir, que la cacaraqueada aseveración del alcalde de que los contratistas concesionarios lo iban a salvar de todas las ausencias de la planeación de las megaobras, perdió vigencia en éste y muchos casos.
Los organismos de control tienen nuevos elementos para tomar decisiones. Por mucho menos fue castigado en Bogotá el Alcalde Samuel Moreno Rojas. El plan de manejo arqueológico se está desarrollando simultáneamente con las obras, cuando debió ser entregado al Contratista Conalvias y no ponerlo a excavar a ciegas y encontrarse las 7.000 piezas arqueológicas que se han hallado: fragmentos de porcelana, restos óseos de humanos y animales, y el puente Ortiz.
La alcaldía no quizo terminar los estudios y diseños de las Megaobras
Entre los años 2008 y 2010 ante la inexperiencia de los Secretarios Marcos Zambrano y Juan Diego Flórez; y los funcionarios de la Secretaría de Infraestructura y Valorización; que no logran elaborar, ni contratar todos los estudios de las megaobras; la Alcaldía de Cali decide contratar al Ing. Rodrigo Cerón como Gerente estructurador en el 2009. Es así que la EMRU, con abogados de Coral y Delgado de Bogotá, y a través del consorcio G y B, entran en el juego de contrataciones.
Estos experimentados en concesionarios viales, se deciden por la figura de la concesión para adelantar con rapidez las obras y, así, burlar el requisito de la terminación de todos los estudios y diseños. Y de contera obviar el estatuto de contratación y valorización.
En la planeación arqueológica nuevamente se evidencian las ilegalidades cometidas con los servicios públicos, la legislación ambiental, la protección del patrimonio arquitectónico y la legalidad de la licencia de intervención del espacio público, que dejaría al centro de Cali sin acceso y salida desde la Avenida Colombia.
A pesar de esto, la administración municipal contractualmente les pagó más de $5.368 millones, incluyendo una exagerada prima de éxito para este tipo de contrato. Hoy, muchas megaobras se encuentran todavía sin los estudios y diseños terminados. Es el caso del plan de manejo arqueológico, la museografía y las megaobras que aún están sin licitar, pero que deben tener terminada su planeación según la exigencia del Acuerdo 261 del 2009.
Irregularidades de la ministra de cultura
Hoy la Ministra de Cultura sabe que está en aprietos legales, a razón de que el INCIVA y el ICANH han demostrado, una vez más, que la autorización mediante resolución que dio para intervenir el hundimiento de la Avenida Colombia fue ilegal. Simplemente no la tuvieron en cuenta en la planeación de la obra.
Quisieron pasar por encima del patrimonio arqueológico del país, que constituyen los restos del Puente Ortiz y del Puente de la Cervecería. No se exigieron los estudios previos que ordenan las normas legales municipales y nacionales que preservan todo el patrimonio cultural de la ciudad. Por esta razón, el plan de manejo arqueológico aún se sigue construyendo y la museografía todavía no se ha contratado.
Lo que no previó la Ministra, y esto ha originado la parálisis de la obra, fueron los sobrecostos de la misma. Y ante todo, la incertidumbre frente a los innumerable problemas legales.
Recordemos que la Ministra expidió una resolución el 21 de Diciembre del 2010, en donde decía tener una licencia de intervención del espacio público y que, ante las denuncias ciudadanas, dicha licencia apareció, pero expedida por Planeación Municipal de Cali el 13 de Enero del 2011. El día del inicio de las obras. Es decir, hubo una extralimitación de funciones públicas, pues sí la municipalidad no tenía la licencia, mal hizo la Nación al otorgar la autorización para intervenir la Avenida Colombia a través del Ministerio.
Alcalde y ministra se enterrarían en el hundimiento
Como Vallecaucano y Caleño es para uno muy difícil tener que escribir el titular de esta columna, porque debe existir una solidaridad regional en el apoyo a nuestros dirigentes que ocupan cargos nacionales. Pero cuando se afecta, de hecho y derecho, el patrimonio de la ciudad, como con la Avenida Colombia, por acción y premeditación de parte de una funcionaria del más alto nivel en la jerarquía del estado, como lo es la Ministra de Cultura Dra. Mariana Garcés Córdoba, debe uno expresar su impotencia al ver vulnerar las normas legales.
No se trata de expresar un análisis subjetivo de la obra en cuanto a su diseño arquitectónico, ambiental, urbanístico, de ingeniería vial, de tránsito, aguas, transporte, suelos o estructura; se trata de señalar como se ha transgredido la ley y se afectan los derechos colectivos de los ciudadanos. Y en esta violación de normas la Ministra de Cultura es responsable directa.
Como Caleños tenemos la obligación de defender los elementos del patrimonio histórico cultural de la ciudad como son la Avenida Colombia y el puente Ortiz. Y, ante todo, defender la normatividad legal necesaria para ejecutar un plan de obras tan ambicioso de manera responsable. Lo que está en juego con estas 21 Megaobras en ejecución son más de $2 billones y el patrimonio de la ciudad.
Con un hecho que debería preocuparnos aún más: las Megaobras están totalmente desfinanciadas, pues la contribución de valorización tan solo llega a $ 869 mil millones y la plata adicional ofrecida por el Alcalde y los Concejales en el Acuerdo 241 del 2008 no aparece.
Las ilegalidades cometidas por el Alcalde Ospina han sido probadas y son muchas, pero todavía no sale el primer fallo de la justicia. Sin embargo con este problema, causado con la transferencia de la responsabilidad financiera de la planeación arqueológica de la megaobra del hundimiento, del contratista Conalvias al Municipio de Cali, se evidenciaron el cumulo de irregularidades.
El hecho es sencillo, al negarse a pagar el Alcalde, INCIVA suspendió el monitoreo arqueológico y el ICANH ordenó suspender obras. Éste es el florero de Llorente. Y ahora todos los trapos sucios salen a la luz.
Por ello, y ante las responsabilidades legales, disciplinarias y penales, el alcalde Jorge Iván Ospina y la Ministra Mariana Garcés, también se estarían enterrando en el hundimiento de la Avenida Colombia.