Manejo de las cifras del empleo por el gobierno del Presidente Santos

Por Luz B. Jiménez/Pablo Borrero

Los resultados de la política pública de empleo del gobierno del presidente Santos se fundamentan en las publicaciones que el DANE hace de las cifras de su crecimiento y reducción de los índices de desocupación que cambian por lo demás en dependencia de las condiciones fluctuantes del mercado laboral, que unas veces apuntan al alza y otras a la baja. Un factor determinante de ésta situación constituye un reflejo de los bajos rendimientos del capital y del trabajo en la industria y la agricultura, en tanto que en el sector improductivo de los servicios de telecomunicaciones, turismo, gastronomía, comercio, etc., el empleo aumenta proporcionalmente con el desarrollo de dichas actividades, al igual que en el Estado en donde crecen la burocracia y las nóminas paralelas de contratistas vinculados en diversos sectores en calidad de prestadores de servicios (PS).

Desde el gobierno se afirma que el empleo ha crecido mes por mes para un total de 854.000 nuevos ocupados en el territorio nacional. Lo que no se dice es que buena parte de éste empleo tiene un carácter temporal y su remuneración es relativamente muy baja y las posibilidades de ascender en el escalafón laboral son muy remotas en términos generales.

Por otra parte existen suficientes informes provenientes de diferentes fuentes nacionales como internacionales que consideran por ejemplo que una porción de los servidores públicos laboran en condiciones precarias, no obstante la obligación constitucional del gobierno del Estado de promover la calidad del empleo (El Tiempo. Mayo 1-2015).

La Corte Constitucional ha conminado a varias agencias del Estado a cumplir con la obligación de vincular directamente a los PS a la nómina oficial con todos sus derechos y prestaciones sociales.

La situación de los docentes que laboran en el sector público, es una prueba fehaciente del incumplimiento de las obligaciones del Estado en materia salarial y en el reconocimiento y mejoramiento de las condiciones mismas en que se presta el servicio público de la educación.

En Colombia de los 21 millones de personas con capacidad laboral el 65% son trabajadores informales, muchos de los cuales laboran con salarios por debajo del mínimo legal, al tiempo que existen dos millones de personas desempleadas que hacen parte del ejército de trabajo dispuestas a vender su fuerza laboral al mejor postor, en tanto que los trabajadores ocupados temen ser despedidos en razón de la competencia en el mercado laboral en donde los trabajadores pasan a ser parte de la masa esclava de asalariados que hoy son explotados por el capital y que al gobierno del presidente Santos le sirven de ejemplo para demostrar el “crecimiento del empleo” en el país.

Mientras tanto el gobierno alardea con el subsidio que entregará a los empresarios que vinculen nuevos trabajadores a sus empresas durante seis meses prorrogables a otro período similar, con lo cual se crea la apariencia de estar cumpliendo con las metas y propósitos en materia de reducción de las tasas de desempleo que en el país bajan o suben sin que con ello se pueda afirmar de manera contundente que se avanza por los caminos del pleno empleo de que tanto se ufanan los economistas neo-liberales que se regodean con los resultados de una política que no tiene consistencia ni continuidad en favor de quienes viven de su trabajo y no ven mejorar su condición social e individual más allá de las migajas que les ofrece el gobierno nacional.

No se debe olvidar que en las condiciones del capitalismo globalizado las innovaciones tecnológicas que se introducen al proceso de la producción, distribución de los productos, bienes y servicios es utilizada en los diversos sectores de la economía para reemplazar a cientos de miles de trabajadores por máquinas robotizadas, con las cuales estos tienen que competir, teniendo que venderse a sus nuevos patronos en condiciones miserables, tal como viene sucediendo con los trabajadores del campo en USA y en México respectivamente y otros países del denominado mundo desarrollado.

La solución a los graves problemas de empleo que afrontan en Colombia los sectores populares y medios de la población que viven de su trabajo pasa necesariamente por un cambio de las relaciones sociales de propiedad que hoy no cumple con la función social y ecológica establecida en la Constitución; con la aprobación de una reforma integral del campo que garantice la sostenibilidad alimentaria y permita recuperar los recursos naturales del país explotados legal e ilegalmente por diversos grupos económicos nacionales y extranjeros; con la ejecución de un plan de reindustrialización de la economía nacional con miras a satisfacer la demanda interna de productos, bienes y servicios y la exportación de excedentes y en general con el cumplimiento estricto de todas las obligaciones a cargo del Estado en materia laboral y de derechos constitucionales fundamentales de todos los ciudadanos por igual.

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