Por Paloma Valencia Laserna
Senadora de la República
 

El Fiscal Montealegre, a pesar de tener nula representatividad democrática y tener sólo 27% de favorabilidad (según encuesta Datexco, mayo 2015), parece decidido en querer pontificar sobre el porvenir de la patria y dirigir el Estado.

Esta semana el Fiscal desafió al Poder Judicial pidiendo en su nombre una Asamblea Constituyente y acaparando su posición frente al proceso de paz. La aberración fue tan evidente que la Corte Suprema de Justicia en Pleno salió a desmentirlo. También desafió al Congreso al estar en desacuerdo con la negativa reforma de “Equilibrios de Poderes”. No le bastó amenazar a los Congresistas con posibles pérdidas de investiduras, sino que exigió, bajo amenaza de una protesta social y judicial, que se hundiera la tal reforma. El rechazo fue tal que logró unir a todos los Partidos políticos en una declaración de rechazo conjunta en nombre de la separación de poderes.

Hace tiempo que el país se le salió de las manos a Juan Manuel Santos. Y esto lo sabe muy bien el Fiscal y las FARC quienes aprovechan cualquier oportunidad de vacío para protagonizar el debate, con el fin de desinstitucionalizar el país, atacar la oposición y justificar su objetivo final, que no es más que una Asamblea Constituyente a medida de los narcoterroristas.

Lo preocupante no es que en este juego tenga cabida las FARC, que son unos delincuentes profesionales, sino que el mismo Fiscal, sin escrúpulos y olvidando su imparcialidad, sea el que les are el campo. Prueba de esto son sus pronunciamientos: “¿cómo es posible que vayamos a pactar la paz sin dar alternativas de participación y de intervención democrática a las Farc…?”.

De manera repetida las FARC han desconocido la legitimidad de la Justicia colombiana. Algo común y corriente para una organización de bandidos que no ha querido reconocer la responsabilidad de sus atrocidades. Lo que no podemos entender es que la Justicia de este país ahora trate de justificar lo injustificable. ¿Cómo es posible que esta semana el Consejo de Estado conceptúe que las FARC sí comenten actos terroristas pero no son una organización terrorista? Un sinsentido monumental. Bajo la misma lógica, recientemente la Corte Suprema de Justicia absolvió a los jefes de las FARC, Iván Márquez y Timochenko, del delito de reclutamiento de menores de edad. Según este pronunciamiento judicial inverosímil, la Fiscalía no aportó suficientemente pruebas para permitir la condena a los acusados. Sin embargo, según Informe de 2013 de la misma Fiscalía, se pudo encontrar información precisa sobre más de 1300 casos de reclutamiento de menores de edad durante las últimas décadas (ElEspectador, 15 septiembre de 2013, “Unos 3.000 niños reclutaron las FARC”). ¿Cómo pudo la Fiscalía omitir su propio informe? Si a lo anterior le añadimos que el responsable de la acción penal en Colombia pide abiertamente impunidad para las guerrillas y justifique penas alternativas para los responsables de delitos atroces, cabe preguntarnos ¿de qué lado está el Fiscal Montealegre en nuestra República?

Entretanto el Gobierno se hace el de la vista gorda y mira para otro lado. Hemos llegado a un tal nivel de desgobierno y parcialidad judicial que todo parece indicar que vamos hacia donde quieren ir los bandidos, lo cual, de manera perturbadora, coincide con la Constituyente del Fiscal.