Por Luz B. Jiménez/Pablo Borrero
El cierre sistemático de varias empresas multinacionales de Cali motivado por diversos factores de carácter económico, técnico, de mercado, asumido por sus casas matrices, constituye un hecho preocupante para sus habitantes y en particular para los trabajadores que ven con estupor la salida de dichas empresas que proveían de trabajo estable a un buen número de trabajadores caleños.
A la par con esta situación avanza el proceso de desaceleración económica que vive el país y del cual no es ajena la ciudad, cuyo futuro está fundado en la economía de servicios y la producción de bienes maquilados con destino al mercado interno y externo, al cual se ha vinculado el gran capital financiero nacional e internacional que hoy ofrece trabajo tercerizado con bajos salarios y pocas oportunidades para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, sujetos a quedar por fuera de las empresas donde laboran y sin mayores posibilidades de reintegro al mercado de trabajo de las empresas que se han instalado en la ciudad y en el Valle del Cauca.
Dicho proceso se viene desarrollando con mayor fuerza después de la apertura económica y comercial con la suscripción y puesta en marcha en los últimos dos años de los tratados de libre comercio TLC celebrados por Colombia con varios países especialmente durante el mandato del presidente Santos, afectando a varios sectores de la economía nacional principalmente relacionados con el sector de la industria y de la agricultura.
Hoy se anuncia el cierre de MONDELEZ antes CARDBURY ADAMS que ha solicitado permiso para la terminación unilateral de los contratos de trabajo de 500 trabajadores, alegando como causas el rezago tecnológico, la caída del volumen de ventas y de su rentabilidad desde el 2008. En tanto el ministerio del trabajo manifiesta que en 90 días se resolverá la solicitud interpuesta por los directivos de la empresa.
Esta situación del cierre de empresas tiende a agravarse en la medida en que el país ha entrado en una etapa de recesión de la economía que probablemente traerá como consecuencia un mayor desempleo, mientras que la industria se deprime cada vez más, la productividad decrece y su contribución al crecimiento económico y al empleo disminuyen sustancialmente.
En este sentido aquellas empresas que no se adaptaron a las condiciones de los tratados de Libre Comercio e intercambio comercial no equivalente no lograrán superar sus dificultades y exigencias en un mundo en donde la innovación tecnológica se convierte en un factor decisivo en materia de eficiencia y de competitividad.
Por otra parte con la sustitución paulatina de las políticas proteccionistas muchas de las empresas que se beneficiaban de los subsidios y de las ayudas del Estado han tenido que limitar sus actividades productivas ó suspender las mismas y transformarse en simples comercializadoras de sus productos.
Y de ahí que se diga que quien profundizó la verdadera apertura económica y comercial es el gobierno de Santos que abrió el país a la competencia internacional con el mundo capitalista globalizado a través de los TLC, lesionando gravemente a las empresas industriales y a la agricultura tradicional que no pueden competir con los precios subsidiados de las empresas multinacionales de otros países que tienen convenios y acuerdos de comercio con el Estado colombiano.
La defensa del trabajo es un asunto político que los trabajadores y sus dirigentes deben emprender pues tampoco podrá haber paz con justicia social sino se garantiza un trabajo estable y bien remunerado.
El despido de cerca de 500 trabajadores no puede reducirse a una noticia más y a una nueva protesta de los trabajadores, que poco ó nada contribuirán a la solución del problema sí antes no se deciden a afrontar con firmeza la defensa del derecho al trabajo contra las políticas neoliberales del gobierno que han venido sustituyendo el trabajo formal por el trabajo tercerizado e informal y precipitando el cierre de las empresas, al tiempo que los trabajadores del sector privado y público temen perder su empleo y con ello su salario para su sustento y el de sus familias.
Lo que resulta paradójico es que el gobierno utilizó la promesa de creación de trabajo y bienestar social como argumento para suscribir los TLC los cuales hoy han generado no solo el cierre de empresas sino el desmantelamiento de la industria nacional y de la agricultura en su conjunto. Esto demanda la revisión inmediata de dichos tratados y de la política económica que solo beneficia a los países desarrollados y a las multinacionales que hoy se reparten el marcado capitalista mundial.
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