Por Guillermo E. Ulloa Tenorio
Economista de la Universidad Jesuita College of the Holy Cross en Estados Unidos, diplomado en alta dirección empresarial INALDE y Universidad de la Sabana. Gerente General INVICALI, INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE, Secretario General de la Alcaldía. Ha ocupado posiciones de alta gerencia en el sector privado financiero y comercial.
El Consejo de Estado dictó medida cautelar suspendiendo la venta del 57.61% de acciones del gobierno en ISAGEN y negó la acción de suplica interpuesta por el Ministerio de Hacienda. Motiva la decisión en razón a que el Gobierno no ha presentado suficientes argumentos que sustenten que la venta no pone en riesgo el patrimonio público.
A esta iniciativa se unen voces de siete bancadas parlamentarias complementando que el gobierno Nacional no ha realizado una valoración acorde a la realidad del uso de los recursos destinados para financiar los proyectos de infraestructura vial, conocidos como de Cuarta Generación, 4G.
El argumento principal esbozado por el gobierno Santos considera que la rentabilidad histórica de ISAGEN, aproximadamente del 3.5 % anual, podría traducirse en un retorno hipotético superior, al emplear los recursos en vías que mejoren la competitividad del país y generen empleo. Difícilmente calculable la rentabilidad teórica de lo que debe ser una política de estado de dotar de infraestructura vial al país con visión hacia una economía globalizada.
La verdadera razón de la venta es la necesidad del cierre financiero de las concesiones viales.
Los concesionarios privados, apoyados en el estimativo del cierre financiero del proyecto, valoran que el costo de oportunidad del periodo pre operativo de la operación, estimado entre cuatro y ocho años, debe ser apalancado y responsabilidad del estado. Por ello el gobierno y los gremios, especialmente la CCI, consideran indispensable recurrir a la venta de un preciado activo para financiar el periodo muerto del concesionario privado, que una vez superada la etapa pre operativa gozará del retorno a su inversión, a través de peajes, por espacio de veinte a treinta años.
¿Pero acaso una generadora de energía limpia, con visión futurista de reemplazar energía proveniente de recursos fósiles, no es un activo estratégico para la competitividad del país?
Esperamos que los congresistas continúen debatiendo y profundizando diferentes alternativas de financiar la infraestructura vial proyectada, cuya inversión final podría superar los US $ 25,000 millones requiriendo un esfuerzo estatal de aproximadamente US $ 5,000 millones.
Para los sofisticados mercados internacionales de capital esta es una cifra viable que podría obtenerse mediante emisión de títulos del gobierno nacional, a largo plazo, respaldados, no solamente por la solidez de la institucionalidad nacional, sino por la “rentabilidad” esbozada por el gobierno Santos de competitividad, empleo y progreso.
La venta de ISAGEN no debe ser la única propuesta de contrapartida para la locomotora de infraestructura vial.
¿Se requiere vender ISAGEN o acaso hay compromisos del gobierno Santos tanto con los potenciales compradores como con los concesionarios preseleccionados?
@geulloa