Por Luz B. Jiménez/Pablo Borrero

Diversos conflictos sociales afloran permanentemente en la ciudad reclamando soluciones a los problemas, necesidades y/o reivindicaciones de los caleños generalmente relacionadas con el trabajo, vivienda, salud, etc., que ante la incapacidad del Estado en resolverlos acuden a la protesta en sus diversas manifestaciones para hacer oír su voz en una ciudad que se dice incluyente en frases consignadas en los planes de desarrollo y en discursos, pero que excluye a las grandes mayorías de las decisiones de interés general.

Sorprende las respuestas gubernamentales facilistas y descomedidas ante los reclamos de los caleños especialmente con quienes no tienen más que su fuerza de trabajo para conseguir los recursos que les permitan sobrevivir con sus familias en una sociedad cada vez más inequitativa e injusta y en la que las desigualdades generadas por la mayor concentración de los ingresos parece no interesar mucho a los gobiernos apegados a las estadísticas diseñadas para mostrar “resultados” de su gestión.

Ante el desempleo por el cierre de empresas se escucha a la dirigencia económica manifestar, que son miles de sociedades las que se han inscrito en la cámara de comercio en tanto que un número menor se liquidan ó se van del país, queriendo con ello significar que no es preocupante que queden trabajadores cesantes con los despidos colectivos y liquidaciones de empresas, porque se están generando un mayor número de empleos. Sin embargo no explican qué tipo de empresas se están constituyendo, cuánto capital invierten, a qué renglones de la economía se dedican pues la mayor parte son actividades de servicios y de especulación financiera, cuántos trabajadores se vinculan, cuál es el salario de enganche, sí son tercerizados o contratados directamente, lo cual tiene una gran importancia porque solo el trabajo estable y bien remunerado dinamiza la economía.

En época pre-electoral en la que los precandidatos a la Alcaldía aspiran posicionarse favorablemente ante la comunidad sin discutir en forma concreta los asuntos de la ciudad ni las propuestas de programas electorales, se pretende por algunos sectores de opinión y gremiales que los caleños nos dediquemos a hablar bien de Cali, lo que es una forma subliminal de limitar ó cercenar el derecho de expresión y de información imparcial y veraz que tenemos los colombianos. Esta práctica es usual en Cali en donde el ejercicio de la libertad de expresión se califica como una conducta negativa y descalificadora respecto de aquellos que se atreven a poner el “dedo en la llaga” a los problemas de la ciudad.

Al contrario de quienes consideran que hablar bien de Cali es lo que se necesita para construir una mejor ciudad, no podemos permitir que se estigmatice el pensamiento crítico y menos en una etapa pre electoral y de post conflicto en la que se pretende afianzar la paz con justicia social. Las soluciones parten de la base de buscar y encontrar las causas generadoras de los problemas en el transporte masivo, movilidad, desempleo, crisis en los servicios públicos domiciliarios, inseguridad, etc., y ello pasa por revisar la concepción que se tiene del modelo de ciudad de servicios  para los turistas y visitantes que traerá consigo la existencia de una sociedad más costosa e inquitativa.

Los principios y fines fundantes del Estado Social de Derecho plasmados en la Constitución Política consagran la democracia participativa, el trabajo, el interés general, etc., los cuales han sido desvirtuados por la dirigencia que han reducido las políticas de Estado fundamentalmente al asistencialismo basado en cada vez más subsidios a los estratos populares y a los grandes empresarios sin que existan políticas de ninguna índole para la clase media que es la que sostiene con sus impuestos el costoso, ineficiente y burocrático Estado.

Debemos rescatar el concepto de ciudadanía que ha sido desnaturalizado por el corporativismo y con el cual se sustituye la verdadera democracia participativa.

VEEDURIA CIUDADANA POR LA DEMOCRACIA Y LA CONVIVENCIA SOCIAL

El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social