Por Paloma Valencia Laserna
Senadora de la República
 
El gobierno Santos desplegó la idea de que su canciller y su política exterior son de exaltar. Comparan la situación tensa que vivió el gobierno Uribe en las relaciones con Venezuela, con lo que ellos catalogan como el restablecimiento de la normalidad con el vecino país. Se trata del papel del vecino complaciente: que no ve lo que está viendo, que no oye lo que todos escuchan, que se resigna ante la calamidad; todo con tal de que su vecino no despliegue su furia irracional.

Se denunció que las Farc tenían -con anuencia del gobierno chavista- campamentos en el territorio venezolano, donde gozaban de protección, y se usaban como punto de ataque contra Colombia y de evasión de nuestras autoridades. Sorprendió que Santos –quien había posado de crítico contra Chávez- lo invitara a su posesión. Nadie sospecho que tenía un plan para utilizar el chavismo como puente hacia las Farc.

Y cuando no hay límites, se puede avanzar hasta encontrarlos. Atropellaron, atropellaron, y hasta yo creí que no encontrarían ninguno.

No extraditaron a Colombia a los miembros de las Farc, los campamentos se mantuvieron y el MinDefensa reconocía que los grandes jefes del narcoterrorismo se escondían en Venezuela. Tampoco pagaron la totalidad de los recursos que debían a los empresarios colombianos. Santos prefirió extraditar a Venezuela y no a EE.UU. a Walid Makled, para ocultar los vínculos del régimen Chávez con el narcotráfico. Vinieron afrentas a los ex presidentes Uribe y Pastrana. Los insultos por parte del gobierno de Maduro se volvieron usuales, como usuales los silencios del gobierno y su cancillería.

La mudez del gobierno Santos frente a los abusos contra la oposición venezolana, apresada y torturada; desconocieron la larga tradición colombiana en defensa de la democracia. No sólo hubo silencio frente a los valores abstractos, sino también frente a los abusos concretos, como las constantes excesos contra los colombianos residentes en Venezuela, deportados arbitrariamente. Tantísimos colombianos de frontera ilegalmente detenidos, multados, expropiados… y el gobierno y su canciller mudos.

Se clarificaron los vínculos del régimen Chávez-Maduro con el narcotráfico y su complicidad con las Farc; y tampoco para eso hubo voz. Por el contrario, Santos deportó jóvenes venezolanos refugiados en Colombia para congraciarse con el déspota. Violó, como allá lo hacen, las normas internacionales. Maduro incluso ataca a Santos, quien elude el asunto.

Maduro expide un decreto apropiándose de aguas en disputa y la nación se pregunta por qué nuestro gobierno y su cancillería responden con desanimo. La política de la tolerancia con el abuso, se convierte en invitación a la arbitrariedad; esa fórmula aplicada en las relaciones internacionales y con las Farc; nos ha llevado al escalamiento del atropello y la violencia. Saben que pueden transgredirlo todo, y que Santos y su canciller buscarán la manera de desestimar la ofensa.

Santos apostó –como dijo- su capital político a la Habana, esa es su única obsesión, y Maduro y las Farc saben que para mantener en la mesa, Santos soportará todo.