Por Luz B. Jiménez/Pablo Borrero
La posibilidad de desescalar el conflicto armado no depende únicamente de la voluntad política del gobierno ni de la insurgencia sí antes no se crean las condiciones económicas, políticas y sociales para el buen suceso de la paz, que a su vez generen la suficiente credibilidad y confianza en el seno de la sociedad colombiana y hagan irreversible el drama de violencia que afronta el país. Al mismo tiempo es necesario reducir la intensidad de la guerra y agilizar los términos de la negociación tendientes a afianzar el proceso de paz.
Todo ello es posible sí del cese unilateral del fuego anunciado por las FARC se pasa al cese definitivo y bilateral del fuego y hostilidades, como producto del acuerdo y no de la imposición del gobierno, circunscrito a la obligación de la guerrilla de concentrarse previamente en una zona determinada que tampoco ha sido acordada ni definida en ningún caso, al igual que el sometimiento al modelo de justicia transicional, en que el Estado como tal, asume el papel de juez y parte y en consecuencia no es posible que exista la garantía suficiente ni objetividad e imparcialidad para investigar y juzgar a los autores de delitos calificados como actos de ferocidad y barbarie de acuerdo con los principios universales al debido proceso y al derecho de defensa.
En este sentido se deberá cumplir con a consigna de que “nada está acordado hasta que todo esté acordado” la cual constituye una guía para el buen suceso de los acuerdos de terminación del conflicto y construcción de una paz estable y segura con justicia social.
El gobierno y la insurgencia no deben desestimar que de acuerdo con nuestro ordenamiento Constitucional la paz es un derecho y una obligación de todos destinada a fortalecer la unidad de la Nación y no simples entelequias jurídicas alejadas de los verdaderos intereses y necesidades de los colombianos que soportan la guerra y la destrucción de la riqueza natural y social.
Con ocasión de la iniciación en firme del debate electoral para escoger los nuevos dignatarios y representantes regionales es necesario aprovechar esta oportunidad para exigir la terminación del conflicto armado al tiempo que los ciudadanos no deben prestar oídas a los voceros de la guerra disfrazada de paz armada, que buscan incluso con motivos electorales desestabilizar el proceso de paz y generar un clima de odio y de venganza entre los colombianos contrario al verdadero espíritu de paz, convivencia pacífica y no repetición de una tragedia que data de hace más de cincuenta años y conmueve al país desde lo más profundo de las regiones, en donde tiene lugar la confrontación armada que prontamente debe terminar para bien de Colombia y de los colombianos.
VEEDURIA CIUDADANA POR LA DEMOCRACIA Y LA CONVIVENCIA SOCIAL
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social