Por Luz B. Jiménez/Pablo Borrero
La alcaldía a través de la Dirección de Hacienda y la Secretaría de Vivienda han manifestado que el Municipio no tiene recursos disponibles para levantar toda la información de predios que se encuentran distribuidos en las miles de hectáreas que conforman el Parque Natural Los Farallones no obstante la obligación que le impuso el Consejo de Estado consistente en la prohibición al municipio de enajenar las tierras que aun le quedan, al amparar el derecho colectivo a la protección de áreas de importancia ecológica de Los Farallones, derecho que se garantiza a los caleños en la medida en que se realice todo el inventario de los inmuebles dentro del área.
Tampoco existen recursos económicos ni voluntad política para cumplir con las mínimas funciones públicas como son las de mantener limpias y en buen estado zonas emblemáticas de la ciudad (el centro con el parque de Caycedo; el área comprendida entre las calles 9 a 15 con carreras 1 a 10; el sector de San Francisco con su plazoleta; el paseo Bolívar, etc.). Como tampoco las de realizar permanentemente el mantenimiento a los semáforos en toda la ciudad y no simplemente a los localizados sobre las vías principales por las que circula el MIO, faltando señalización adecuada que permita agilizar la movilidad. La actividad principal en esta materia ha sido la de demarcar áreas de prohibición para estacionar y semáforos con cámaras de fotodetección.
El “cuidado” de los parques y zonas verdes se ha limitado al corte de ramas y poda del césped tres ó cuatro veces al año en el convencimiento de que de esa manera se hace mantenimiento ecológico-ambiental.
En quince años el Municipio y EMCALI no cumplieron la obligación de subterranizar las redes de energía ni hacer reposición de las obsoletas redes de acueducto y alcantarillado que permanentemente presentan daños e incomodidades a los usuarios, alegando que no existen los recursos para tal efecto.
La secretaría de gobierno no pudo reubicar a los vendedores ambulantes y estacionarios para despejar los andenes y dejarlos exclusivamente para los peatones que no tienen por donde movilizarse especialmente en el centro, pues no se dispone de los recursos económicos para este plan que tanto necesitan la ciudad y sus habitantes.
Mientras tanto si se encuentran los recursos necesarios para ejecutar un sinnúmero de megaproyectos que fuera de convertirse en algo monumental no han sido suficientes para mejorar la calidad de vida y el bienestar de los caleños al tiempo que crece la tasa de desempleo siendo de las más altas en el país al igual que la informalidad a la que acuden inclusive profesionales universitarios que no encuentran un empleo estable. Cali se ha convertido en una ciudad maloliente, desagradable, riesgosa para la integridad personal. Quizás sería necesario que el alcalde, los secretarios de despacho, los concejales y funcionarios al frente de los órganos de control, recuperen su condición de peatones y/ó conductores para que constaten las falencias anotadas. El inventario es largo en cada una de las dependencias.
La dirigencia económica y política de la ciudad no tiene interés en solucionar estos problemas permanentes que agravan la crisis del Municipio. Para dichos sectores la contratación pública se convirtió en la razón de ser de la actividad política, con un Estado contratante en donde toda la gestión pública se entrega a grupos particulares que en muchos casos terminan demandándolo judicialmente sin que hasta la fecha se haya realizado por la Personería, Procuraduría y Contraloría ni por el Concejo Municipal el control y el balance de los sobrecostos generados con dicha actividad, con lo cual a los caleños les ha resultado peor la medicina que la enfermedad, mientras que los contratistas han aumentado considerablemente sus ingresos convirtiéndose en una casta privilegiada de la ciudad.
En los próximos cuatro años en Cali se ejecutarán costosos proyectos de infraestructura y muchos quedarán licitados ó contratados, ascendiendo su valor a más de dos billones de pesos, razón suficiente para que los electores estén vigilantes de desentrañar los privilegios y las redes que se tejen para apropiarse de lo público apelando al argumento espurio según el cual: el sector privado es más eficiente y el sector público es corrupto, sin complementar que la corrupción se genera en buena parte desde el sector privado.
VEEDURIA CIUDADANA POR LA DEMOCRACIA Y LA CONVIVENCIA SOCIAL
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social