Por Guillermo E. Ulloa Tenorio
Economista de la Universidad Jesuita College of the Holy Cross en Estados Unidos, diplomado en alta dirección empresarial INALDE y Universidad de la Sabana. Gerente General INVICALI, INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE, Secretario General de la Alcaldía. Ha ocupado posiciones de alta gerencia en el sector privado financiero y comercial.
La corrupción debe ser considerada prioridad en la agenda pública. Las autoridades de control fiscal, disciplinario y penal no son las únicas encargadas de vencer y actuar frente a estos hechos delictivos. La sociedad civil tiene el compromiso y responsabilidad de denunciar cualquier acto que atente contra el erario público y su institucionalidad. El flagelo afecta la competitividad y desarrollo, atentando contra la misma estabilidad democrática.
La corrupción es el más sentido problema de la comunidad
Debemos empezar erradicando de la cultura cotidiana la facilidad de transgredir la norma a cambio de una coima o dadiva. La ciudadanía debe ejercer autoridad, vigilancia y protección del patrimonio público y comunitario. Es la llamada a respetar la norma, lo reglado, la ley, dando ejemplo de convivencia ciudadana.
En estas elecciones venideras debemos elegir a aquellos candidatos alejados de la ostentación el poder, la codicia y la voracidad. Debemos optar por quienes han ejercido su compromiso con responsabilidad, transparencia, claridad y honestidad. Evaluemos que su trayectoria haya sido enmarcada dentro del más alto sentimiento de valores y principios, apartados del interés de lucrarse y enriquecerse ilícitamente aprovechando la generosidad presupuestal del estado.
En las próximas elecciones se vislumbrarán campañas de candidatos que derrocharán en costosas piezas publicitarias, fastuosos escenarios, robustas estructuras alimentadas con cuantiosos aportes económicos y abultados presupuestos para el día electoral.
Es lógico deducir que esta inversión se aleja de la posibilidad de consecución de donaciones, aportes de simpatizantes y reconocimiento económico electoral, por lo tanto, su costo no tendrá otra alternativa de reintegro diferente a emplear la investidura posterior en provecho propio con el fin de sufragar los exagerados gastos propios de la misma.
Los candidatos, en sus respectivos planes de gobierno, deben comprometerse conprogramas de transparencia en la función pública. Deben comprometerse en ejecutar con claridad los procesos y procedimientos contractuales, garantizando que cumplan con la normatividad, en observancia del marco legal y con amplia difusión informativa de los mismos.
En la próxima contienda electoral el enemigo a vencer no es el antagónico adversario. Ni derrotar pensamientos o tendencias políticas diferentes. Ni avasallar los partidos que conforman la riqueza democrática nacional.
El compromiso del electorado es derrotar en las urnas el flagelo que ostenta contra la dignidad de la población y el más odioso de los males, la corrupción.
@geulloa