Por Luz B. Jiménez/Pablo Borrero
La situación que se vive actualmente en la frontera colombo-venezolana no se puede analizar ni valorar partiendo de la creencia de que lo que busca el presidente Maduro con el cierre de la frontera y la deportación masiva de colombianos, es simplemente paliar la crisis económica por la que atraviesa el país y apaciguar los ánimos del pueblo venezolano sometido al racionamiento de toda clase de bienes y servicios, generado por el desabastecimiento principalmente de alimentos que requiere el pueblo.
Dicha situación aparentemente explicaría en principio las medidas adoptadas por el gobierno del presidente Maduro, en momentos en que tiene lugar una gran confrontación política con la oposición al interior del hermano país y de aquella que trasciende las fronteras patrias.
Ahora bien, existen evidencias de que las fuerzas políticas de oposición al gobierno están utilizando políticamente a ciertos grupos de colombianos que viven en las cercanías de las fronteras de ambos países y que están vinculados con actividades criminales, para generar caos, anarquía y violencia, de todo lo cual tiene conocimiento el gobierno del presidente Santos quien según fuentes oficiales, se comprometió a buscarle una solución a este difícil problema conjuntamente con las autoridades venezolanas.
Lo grave de todo este asunto radica en el hecho de que en el seno de los migrantes colombianos, se han infiltrado bandas de paramilitares, narcotraficantes y contrabandistas asociados en algunos casos con sectores políticos que pretenden a toda costa desestabilizar el régimen que preside el presidente Maduro.
En tales circunstancias el cierre de la frontera y la deportación generalizada de colombianos hacia su país de origen, ha desatado un clima de xenofobia que linda con la aplicación de procedimientos autoritarios que en la práctica se han traducido en hechos de violencia contra la comunidad colombiana, aparentemente revestidos de legalidad pero que en la práctica dejan mucho que desear, en tanto que las autoridades venezolanas no se han tomado el trabajo de identificar plenamente a los verdaderos responsables de la comisión de ilícitos, fueran estos paramilitares o bandas criminales al servicio de intereses oscuros de carácter económico o político.
Con todo lo ocurrido en este caso los gobiernos de ambos países deben poner todo su empeño para buscar una solución dentro del respeto a los Derechos Humanos y acorde con las necesidades y urgencias que requiere tan lamentables sucesos en aras de conservar la paz y la convivencia social entre dos pueblos hermanos como son Colombia y Venezuela.
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