Por Luz B. Jiménez/Pablo Borrero
El gobierno del presidente Santos se caracteriza en buena medida por las inconsistencias e incumplimientos de sus políticas y promesas de campaña, tal como ha venido sucediendo en varios casos con diversos sectores de la comunidad. Así las cosas, tenemos por ejemplo, las promesas que les hizo a las centrales obreras de modificar la ley que les recortó a los trabajadores los dominicales y las horas extras, cuya vigencia temporal se extendió indefinidamente en el tiempo para beneficio de los empresarios. Igualmente el gobierno se comprometió a reglamentar la ley estatutaria de la salud, no obstante la crisis que soporta con el cierre parcial o total de clínicas y hospitales en todo el país. Dicha conducta se repite en el caso de los acuerdos con el movimiento agrario, los cuales se han venido dilatando con argucias jurídicas y técnicas impuestas por diversas instancias del Estado impidiendo de ésta manera su efectividad y cumplimiento acordados.
Por otra parte el gobierno sigue promoviendo actos legislativos y leyes en torno al proceso de Paz, empezando por el denominado marco jurídico, que según se dice en las altas esferas del poder, se quedó corto y además resultó contrario a las expectativas y propósitos del gobierno en materia de aplicación de los mecanismos de justicia transicional, que tal como aparecen consignados no permiten que los representantes de la insurgencia participen en la actividad política. Según se conoce, el gobierno presentó además un proyecto de ley de referendo que fue aprobado en el Congreso y con el cual se pretendía que los ciudadanos refrendaran los acuerdos de La Habana (Cuba), lo cual a juicio del propio gobierno resultó imposible de tramitar y aprobar, dadas las actuales circunstancias en que se encuentra dividida la opinión de los ciudadanos. Últimamente el gobierno ha comenzado a hablar de la convocatoria de una especie de Congresito en donde tendrían representación las fuerzas políticas y de las FARC-EP, proyecto éste que ha quedado reducido a la posibilidad de que una comisión especial del Congreso se encargue de la refrendación de los acuerdos y le entregue facultades extraordinarias al presidente Santos para que los haga efectivos y proponga reformas derivadas de los mismos. Con todo esto de lo que se trata es de dejar en manos del presidente la dirección y control del proceso de paz, además de soslayar el camino de convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente y Legislativa, con la cual se legitimarían los acuerdos y se crearía la oportunidad de aprobar verdaderas reformas de aquellas que demanda el pueblo Colombiano en este momento de crisis económica, política y social por la que atraviesa el país.
Mientras el presidente Santos manifiesta que el país pasa por una situación difícil de desaceleración de la economía debido a diversos factores internos y externos, el ministro de hacienda en declaraciones a diversos medios de opinión, ha salido a decir que los efectos de la crisis han comenzado a ceder y que el 2016 será un año de crecimiento y desarrollo, tranquilizando de ésta forma al capital nacional y extranjero que con todo y la apertura económica y los TLC no ha podido superar las dificultades que conlleva la realización de los bienes en el mercado capitalista globalizado, en tanto que el Estado ha sido incapaz de superar el déficit de la balanza comercial que se acrecienta cada vez más. Al tiempo que al interior del país aumentan los precios de los insumos, materias primas, alimentos y las ventas se reducen con la devaluación de la moneda nacional frente al dólar, disminuye de ésta manera la capacidad de compra de los consumidores, particularmente de los sectores más pobres y medios de la población, que viven de su trabajo y resultan afectados con la crisis que hoy se extiende al campo energético, ambiental, climático y humanitario con la salud en crisis y la situación de los colombianos hacinados en la ciudad de Cúcuta como consecuencia del conflicto en la frontera colombo-venezolana.
Frente a toda esta problemática el gobierno ha propuesto como alternativa de solución el recorte del gasto social y la necesidad de incrementar los impuestos entre los cuales figura el IVA, considerado como un gravamen injusto e inequitativo ya que coloca al capital y al trabajo en el mismo pie de igualdad en tratándose de la adquisición de los bienes y servicios esenciales.
El camino a seguir en la defensa de los intereses comunes, derechos y libertades de los ciudadanos no puede ser otro que el de convocar a la unidad, organización y movilización de las fuerzas sociales, políticas y regionales de estirpe democrática y progresista, con el fin de exigir del gobierno el cumplimiento de los acuerdos y promesas que el presidente Santos ha hecho en su afán de protagonismo y liderazgo, los cuales se han venido dilatando y difiriendo en el tiempo su cumplimiento, en medio de interminables diálogos, mesas de trabajo y comisiones a través de los cuales se escamotea el cumplimiento de los mismos.
VEEDURIA CIUDADANA POR LA DEMOCRACIA Y LA CONVIVENCIA SOCIAL
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social