Por Guillermo E. Ulloa Tenorio
Economista de la Universidad Jesuita College of the Holy Cross en Estados Unidos, diplomado en alta dirección empresarial INALDE y Universidad de la Sabana. Gerente General INVICALI, INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE, Secretario General de la Alcaldía. Ha ocupado posiciones de alta gerencia en el sector privado financiero y comercial.
La finalización del los diálogos de paz que buscan dar solución concertada al conflicto armado más largo de nuestra historia reciente, retan al Gobierno a establecer, de forma dinámica, una política pública de retorno de los miles de desplazados a las zonas rurales del país.
Se ha especulado sobre la reinserción a la vida civil de los alzados en armas incorporándolos al aparato productivo nacional. Las ciudades, y Cali no es excepción, deben prepararse para recibir cientos de miles ciudadanos que por vez primera formaran parte de la sociedad regida por la Constitución Nacional, la ley y el orden.
No obstante, la posibilidad del retorno, de cientos de miles de campesinos desplazados es posible. La complejidad urbana, falta de oportunidad de trabajo en labores que saben desempeñar y la simplicidad de la vida campesina son algunos factores que influirán en tomar la decisión de su retorno a la zona rural.
El país, bendecido por diferentes pisos térmicos, infinidad de condiciones climatológicas, posee una riqueza en el campo que debe ser potencializado en beneficio, no solamente del campesinado, sino en la generación de oportunidades para un desarrollo sostenible.
El retorno al campo, retomando su vocación agrícola centenaria de pequeñas parcelas y granjas auto sostenibles brindan un potencial para recuperar la devastada zona rural, abandonada, en razón al conflicto armado, la inseguridad, la disolución de la familia y el reclutamiento de jóvenes campesinos a las filas guerrilleras.
El Ministerio de Agricultura es el organismo llamado a ser el eje pivotal de este gran cambio que espera el país. Debe convocar y liderar, no solamente a los organismos del estado, sino al sector gremial y fundacional para gestar una nueva realidad económica de enormes beneficios, en lo social y económico.
Para un desarrollo sostenible y viable, el sector rural debe contar con unas mínimas condiciones que generen competitividad. Unos servicios básicos de energía, en muchos casos renovables, agua potable, educación, seguridad y servicios de salud son apenas las necesidades básicas, complementadas por una infraestructura vial terciaria que permita el acceso a los mercados. Y, quizás lo más importante, un acompañamiento permanente en capacitación para mejorar índices de productividad y eficiencia.
La era del post-conflicto es otra bendición del Creador hacia esta tierra prometida. Es una oportunidad para que a ella retornen los desplazados de la violencia, hoy apartados de su vocación y espíritu campesino, viviendo en condiciones de hacinamiento e inseguridad en los cordones de miseria de las grandes ciudades colombianas.
Liderar este nuevo proceso de nuestra historia, no es solamente recibir desplazados, sino contrariamente, generar oportunidades de regreso a sus actividades en el campo, productor tradicional de frutas, hortalizas, yuca, maíz, plátano y papa, fundamentales en el desarrollo de una nación rural como siempre ha sido Colombia.