Por Paloma Valencia
Senadora de la República
 
Este es un mensaje de alerta para los ciudadanos de Colombia. La especialización del trabajo hace que cada uno se ocupe de lo suyo; pero cuando las situaciones se desbordan se requiere que la sociedad como un todo se pronuncie. Ha llegado ese momento, desde el martes –en Comisión Primera- se inició la discusión de las Leyes Habilitantes para Santos; que anuncian la destrucción del Estado de Derecho.

Quiero ser lo más clara posible: le van a dar a Santos 6 meses para expedir todas las leyes necesarias para cumplirle a las Farc. Eso significa que las facultades no tienen limites hoy conocidos, pues aun no hay acuerdos. Todo lo que en el futuro firme el Gobierno con las Farc se materializará en ley, sin discusión del Congreso que desde ya renuncia a esa función. Esto rompe la tradición colombiana de que las facultades deben ser acotadas temáticamente.  

Lo más grave son las facultades solapadas para reformar la Constitución. Crean el “Congresito” para dar la apariencia de que las modificaciones de la Constitución las hace el Congreso, lo que no es cierto. El Gobierno presentará las modificaciones a la Constitución y el Congresito sólo podrá modificarlas con aval del Gobierno, las plenarias no podrán modificar, solo podrán improbar por mayoría absoluta. El poder constituyente derivado, otorgado al Congreso, no puede delegarse en el Presidente y sus ministros; aquello es el fin del Estado de Derecho; el establecimiento de la dictadura; y eso es lo que pretenden. Santos será un presidente, que expide leyes y cambie la Constitución en el marco de unos acuerdos con narcoterroristas.

Además se modifican los procedimientos para acelerar el proceso, asegurando –otra vez- como desde hace 3 años que la paz ya viene.  El tiempo para las modificaciones se reduce en 6 meses; insignificante comparado con el daño institucional; algo más tendrán en mente.

La trampa –porque siempre hay- es el consuelo de que todo estará sujeto a la refrendación popular. Dicen que serán los ciudadanos los que al final definan sobre los acuerdos con las Farc y de una vez, validen este camino de destrucción institucional. Lo que no cuentan –y por eso separan los debates- es que ya descartaron el referendo y están buscando una nueva forma de refrendación: votación en bloque, con una pregunta sugestiva, sin umbrales –pues sería imposibles superarlos con una ciudadanía en contra de la impunidad. Buscarán, como ya lo han anunciado, un mecanismo eficaz: que sin dificultades, garantice aprobación.  Lo tramitarán después, para que la ciudadanía no sospeche. Todo esta fríamente calculado, será el Gobierno y las Farc quienes decidan como se refrenda.

Avanzan los procesos judiciales contra el Uribismo y contra el presidente Uribe, que al parecer, son cuotas de la negociación. Este es el inicio de un camino cuyo final es incierto, no será la paz –eso sí está claro-; Colombia camina con los ojos vendados hacia un abismo muy oscuro. Colombianos ha llegado la hora de manifestarse en las calles y asumir un proceso de resistencia cívica.