Crisis institucional del poder

Por Luz B. Jiménez/Pablo Borrero

La crisis institucional del poder en Colombia se encuentra estrechamente ligada con la crisis política que padece la propia clase dirigente y de sus partidos políticos, que ya no cuentan con la capacidad y la confianza de sus seguidores para dirigir los asuntos del Estado y de la sociedad y sin tener que acudir al autoritarismo que conlleva a la violación del principio de legalidad y al debilitamiento de la legitimidad para gobernar. Por este camino crece la desconfianza de los ciudadanos subordinados al poder que ya no creen en las instituciones de la democracia liberal cada vez más desprestigiada y al servicio de los poderosos que detentan el poder económico y político de la sociedad.

La crisis institucional del poder se refleja directamente en la crisis de un Congreso cuyas mayorías están subordinadas al poder presidencial; a una justicia enredada en las componendas de la politiquería y el clientelismo que la corroen por dentro inexorablemente.

Por su parte el ejecutivo se empeña en presentar ante la opinión pública los resultados de su política social y económica, detrás de la cual se oculta el interés específico de los grupos, sectores y clases sociales que representa y defiende desde el Estado como expresión del interés general de todos los ciudadanos.

De otra parte, el gobierno del Presidente Santos ha conseguido que las mayorías del Congreso pertenecientes al partido de la U, le entreguen por ejemplo facultades extraordinarias para dictar decretos-leyes con miras a introducir toda clase de reformas económicas, políticas y sociales una vez se refrenden los acuerdos de La Habana, que por supuesto no serán debatidas en el seno de la corporación y mucho menos con los ciudadanos de a pie.

Pero además el gobierno aspira a imponerles a los colombianos el deber de participar en la votación de un plebiscito para refrendar los acuerdos de paz, que de llevarse a cabo en la práctica estaría violando el principio de que “nada está acordado hasta que todo esté acordado” que pactaron el gobierno y la insurgencia.

Un capítulo aparte de la crisis institucional del poder lo constituye el sistema judicial el cual según algunos analistas se encuentra en “estado de coma”. Todo esto debido a que por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia se halla prácticamente paralizada debido a los enfrentamientos internos de sus miembros; la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura está en vía de extinción, en tanto que la entidad que la reemplazará no existe más que en el papel; no hay recursos económicos para implementar el sistema oral en las distintas especialidades y se ha formado un caos en los despachos judiciales que atienden los asuntos civiles y de familia; el nuevo proyecto de ley estatutaria de la justicia se encuentra en trámite en el Congreso de la República y la dirección de la Fiscalía General corre el riesgo de quedarse en la interinidad, en medio de la lucha de poderes en que el gobierno del presidente Santos está dispuesto a lograr que su candidato el Ministro Yesid Reyes sea escogido para desempeñar dicho cargo.

Y de ahí que algunos sectores de opinión pertenecientes al establecimiento le estén recomendando al presidente Santos la necesidad de abstenerse de participar en los asuntos de otras ramas del poder público e incluso de no presentar al Congreso antes de la votación del plebiscito el cuestionado proyecto de reforma tributaria integral a fin de evitar que se contamine dicha votación con la discusión del mismo.

En el fondo de toda esta problemática subyace la situación económica que vive el país y que tiende a empeorarse y con ella la imagen del presidente Santos que no ha logrado convencer a las fuerzas sociales, políticas y regionales de las bondades de la política de la prosperidad para todos que tiende a desvirtuarse en la medida en que se desacelera la economía del país, decrece la inversión extranjera, aumenta la inflación y se mantiene la devaluación del peso frente al dólar, lo que finalmente traerá como consecuencia mayor desempleo, pobreza y desigualdad social.

En tales circunstancias los logros en materia de reducción de la pobreza y del crecimiento de la clase media, dejan de ser una aparente realidad para transformarse en una nueva tragedia, en la medida en que dichos sectores sociales se ven obligados a regresar al estado anterior de pobreza, sin que para este momento crucial el gobierno ni el Estado en su conjunto puedan evitarlo.

Así las cosas, es previsible que con la generalización de la crisis también crezca la confrontación en las cúpulas del poder y por supuesto entre las diferentes fuerzas políticas y sociales de carácter democrático y progresista que tendrán que aprovechar las contradicciones del régimen para incorporar a amplios sectores de la población en la lucha por un cambio social e institucional que les permita avanzar por los caminos de un país  democrático  con paz y justicia social.

VEEDURIA CIUDADANA POR LA DEMOCRACIA Y LA CONVIVENCIA SOCIAL

El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social