En defensa del consumidor

Por Luz B. Jiménez/Pablo Borrero

En tanto el gobierno del presidente Santos se ufana de haber reducido los índices de pobreza, crece la inequidad en el seno de la sociedad en donde los sectores populares y medios de la población se ven acosados de vivir en medio de la desaceleración económica que genera desempleo, alza en los precios de los productos, bienes y servicios, desbordamiento de la inflación y devaluación del peso colombiano frente al dólar, que conduce a que tengan que pagar los precios más altos del mercado por los productos que se importan, al tiempo que se reducen los precios de nuestras exportaciones nacionales.

Esta situación tiene su confirmación oficial en las palabras del ministro de agricultura, quien en reportaje reciente al periódico El Tiempo de fecha 07-02-2016 manifiesta que el país importa en la actualidad 10 millones de toneladas de alimentos al año, trasladándole al consumidor el mayor valor de los productos que entran en la cadena de distribución, comercialización y venta respectivamente.

Lo más grave de este asunto es que si bien es cierto en el alza de los precios influyen el fenómeno climático del Niño y el tipo de cambio, dichas circunstancias no pueden considerarse como factores exclusivos de tales fenómenos, ya que en todo esto están involucrados intermediarios y propietarios de supermercados, que en la práctica se han convertido en verdaderos carteles que se enfrentan unos con otros en la lucha competitiva en el mercado, lo cual se deduce cuando se comparan los precios de compra y venta de los bienes al consumidor sobre el cual se descarga no solo el costo de producción e intermediación sino las exorbitantes ganancias que se reparten entre todos estos actores de la cadena que llega al consumidor final.

Por supuesto habrá que decir que la solución a éste abuso que riñe con la equidad no puede resolverse apelando simplemente al diálogo como lo propone el Ministro. En este caso es imperativo asumir una posición mucho más firme y efectiva en defensa del interés general de que trata la Constitución Política, interviniendo si fuere el caso aquellos supermercados que se aprovechan de las circunstancias para hacer su agosto e imponiendo multas a los especuladores tal como se ha procedido con los carteles del azúcar, los pañales, el papel higiénico, que hoy aplauden los ciudadanos como parte de la labor que los órganos del Estado como la Superintendencia de Industria y Comercio viene realizando en cumplimiento de sus deberes legales.

De esta situación de abuso y de inequidad no se libran los caleños y vallecaucanos que en su gran mayoría se encuentran en la informalidad y los que gozando de un salario mínimo no les alcanza para satisfacer sus necesidades básicas, en tanto deben prepararse para asumir el aumento de los precios de los productos, bienes y servicios que en la actualidad se producen en dependencia de diversos factores económicos y naturales que como el Niño y la devaluación del peso son manipulados por los grandes monopolios nacionales y extranjeros con abuso de su posición dominante en el mercado y frente a los cuales los ciudadanos tendrán que adelantar las acciones correspondientes de protesta y de cambio de esta situación en la que el Estado Social de Derecho debe jugar un papel relevante, claro y efectivo en defensa del consumidor.

VEEDURIA CIUDADANA POR LA DEMOCRACIA Y LA CONVIVENCIA SOCIAL