El nuevo reparto de las cargas tributarias

Por Luz Betty Jimenez De Borrero  / Pablo A. Borrero V.

Mientras que desde los centros de pensamiento y a través de los foros internacionales el gobierno del presidente Santos hace alarde de que ha logrado mejorar la distribución del ingreso y la participación de los colombianos en la renta nacional, la comisión de expertos en materia tributaria contratada por el gobierno nacional ha dado a conocer la forma como se repartirán las cargas tributarias, en virtud de las cuales los grandes rentistas de capital pagaran menos impuestos que los asalariados y jubilados que hoy sobreviven con sus escasos recursos monetarios.

Según el informe de la comisión, de los 5.5 billones de pesos adicionales que se recaudaran, los rentistas de capital pagaran aproximadamente $972.000 millones de pesos, en tanto que a los jubilados les corresponderá pagar $1.6 billones de pesos. Esto sin contar con el hecho de que el impuesto del IVA grava en igual proporción a pobres y ricos que adquieren bienes y servicios en el mercado, incluyendo aquellos que integran la canasta familiar, con lo cual se vulneran flagrantemente los principios de equidad, eficiencia y progresividad que establece la Constitución Política.

La idea de ampliar la base tributaria significa que mas asalariados pagaran mayores impuestos, mientras que los propietarios de rentas de capital y de dividendos gozaran de un tratamiento especial, y según los expertos “los efectos de caja se darían entre el 2018 y el 2019” y no de manera inmediata como si sucederá con el impuesto indirecto del IVA que pasará del 16 al 19%. A todo lo anterior se suma la propuesta de gravar con el 5% ciertos productos como pescados, huevos, fresas, crema de leche y similares.

Adicionalmente hay que decir que las personas naturales con ingresos mensuales de dos millones de pesos tendrán que pagar impuestos, lo que según las cifras de los expertos producirá un recaudo de 1.5 billones de pesos mientras que las personas con altos dividendos solo permitirán un recaudo cercano a los 65.000 millones de pesos.

Lo paradójico de todo esto es que mientras se habla de la necesidad de aumentar el recaudo de los impuestos, se conocen de ciertas prácticas fiscales formalizadas a partir de la constitución de grandes empresas de “papel” a través de las cuales se realizan toda clase de operaciones ficticias e ilegales encaminadas a blanquear u ocultar la procedencia de capitales o de evadir el pago de impuestos, en lo que se ha dado a conocer como los “papeles de Panamá” de lo cual no están exentos varios sectores económicos, políticos y sociales pertenecientes a las clases dirigentes del país.

Por el momento varios dirigentes de otros países han comenzado a dimitir de sus cargos en el Estado o de corporaciones privadas comprometidas con tales desafueros, en tanto que en Colombia se descargan sobre los sectores medios y populares de la población la mayor parte de los impuestos que se cobran.

Los contribuyentes deben exigir una investigación para sancionar a los evasores de los impuestos con los cuales se busca cubrir el déficit fiscal que compromete la inversión y el gasto social que debe utilizarse para solventar las necesidades de los sectores más vulnerables de la sociedad.

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