El barril sin fondo en que se convirtio el MIO

Por Luz Betty Jimenez De Borrero / Pablo A. Borrero V.

La decisión de la administración municipal de entregarle inicialmente al sistema de transporte masivo MIO la suma de cuarenta mil millones de pesos, además de ser un despropósito ya que no es la primera vez que se procede de esta manera, constituye a la luz del Código Penal un posible detrimento patrimonial en la medida en que con recursos del presupuesto municipal se atenderán necesidades y obligaciones propias de los operadores privados del MIO y con los cuales se cubrirán los gastos de operación y funcionamiento del parque automotor de su propiedad, que hoy permanece inmovilizado por falta de repuestos, gasolina, pago de salarios y prestaciones a los conductores del sistema, etc.

Detrás de esta maquinación existe el interés de solventar a unos empresarios privados que han demostrado su incapacidad e incompetencia para operar sus vehículos dentro del sistema acorde con los compromisos adquiridos de poner a disposición del servicio público la totalidad de sus buses para atender la demanda de pasajeros que utilizan dicho transporte para desplazarse a diferentes puntos de la ciudad.

Lo preocupante de todo esto es que mientras el gobierno municipal entrega a manos llenas los dineros públicos, no existe ninguna garantía de parte de los operadores del MIO de sacar a la circulación los 150 ó 200 buses que restan para cumplir con lo acordado desde un principio y que en la actualidad no depende de la simple voluntad de aquellos, sino que obedece a un conjunto de factores y circunstancias relacionadas con la demanda efectiva que tiende a disminuir, ante la deficiente estructuración de las rutas y frecuencias del MIO, además de la proliferación de otros medios de transporte alternativos que compiten abierta o soterradamente con el sistema.

En todo esto la solución que se piensa adoptar se contrapone a la realidad que desde hace tiempo se le salió de las manos a sus gestores (METROCALI) que creen que con la implementación de ciertas medidas como la de introducir nuevos alimentadores al sistema y/ó la construcción de varios kilómetros de ciclorutas aumentarán en el inmediato futuro el volumen de pasajeros del MIO que llegarán en bicicleta a las estaciones, logrando con ello que disminuya sustancialmente el uso de la motocicleta ó del vehículo particular que tiende a incrementarse en la ciudad.

Este es el precio que se paga como producto de la improvisación, la falta de planeación y de la forma autoritaria como se imponen a los ciudadanos las decisiones de unos gobernantes que todo el tiempo actúan aparentemente como defensores del interés general, pero que en la práctica utilizan su poder tal como viene sucediendo en este caso, para resolver aquellos problemas que de acuerdo con la ley y los compromisos adquiridos deben ser resueltos por los operadores privados del MIO con sus propios recursos y no con los impuestos que pagan los ciudadanos, que hacen parte del patrimonio económico y fiscal del municipio aplicables únicamente a atender el gasto público social y la inversión en proyectos productivos y no en negocios en donde priman los intereses de un sector de empresarios del transporte público.

No es cierto como lo afirma el alcalde de turno que la única opción para sacar al MIO de la crisis es inyectándole millonarios recursos del presupuesto con los cuales se constituirá un fondo especial con destino a cubrir las necesidades y urgencias del sistema. Es sabido que en el pasado se le entregó al sistema ingentes sumas de dinero a cambio de que los operadores privados los utilizaran para resolver sus problemas económicos, financieros y poner al servicio de la comunidad la totalidad de los buses. En este sentido y ante el incumplimiento reiterado de los operadores privados, la aportación de nuevos recursos al sistema, será tanto como echar el dinero a una especie de barril sin fondo en que se ha convertido el apoyo financiero del municipio de Cali.

Desde esta columna de opinión consideramos como una opción válida, justa y sostenible la posibilidad de que el municipio se encargue del manejo y la operación del masivo y de garantizar la calidad del servicio tal como sucede en varias localidades en donde funciona este tipo de transporte y otras modalidades más complejas de transporte público.

La pretensión de crear un fondo especial para financiar el MIO resultará a la postre una forma sutil y refinada de garantizarle a los operadores privados no solo la refinanciación de sus deudas sino su tasa de ganancia por la prestación de un servicio ineficiente y de mala calidad, que bien podría destinarse para la constitución de una nueva empresa del sector público encargada del transporte en la ciudad, con lo cual pretendemos fortalecer el patrimonio municipal y afianzar realmente el verdadero sentido de pertenencia de los caleños y vallecaucanos en vez de contribuir a engordar los bolsillos de algunos empresarios del transporte en la municipalidad.

Veeduria Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social

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