Las reivindicaciones economicas no pueden separarse de las luchas politicas de los trabajadores

Por Luz Betty Jimenez De Borrero / Pablo A. Borrero V.

La celebración del primero de Mayo coincide en esta ocasión con el proceso de desaceleración de la economía del país y la reducción por cierto muy significativa de la popularidad del presidente Santos.

Así mismo existe una gran expectativa en el seno de la comunidad en torno al desarrollo del proceso de paz con la insurgencia de las FARC-EP en La Habana (Cuba) y la iniciación eventual de los diálogos con el ELN, con lo cual se espera que se cree un ambiente propicio para avanzar en otros campos de la vida nacional ligados con la defensa de los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos en general. Es precisamente en esta etapa cuando los trabajadores deben fortalecer su unidad de acción, organización y comenzar a movilizarse en defensa de la paz con justicia social y la construcción de un nuevo modelo económico y político que nos permita romper las ataduras que nos impone el régimen, mediatizado por los intereses de los grandes monopolios nacionales y extranjeros y de los centros de poder del mundo capitalista globalizado como el FMI, el Banco Mundial, la Ocde a través de los cuales se socava la soberanía nacional y se incrementa nuestra dependencia del capital financiero internacional.

En esta oportunidad ya no se trata de retomar únicamente la lucha por las justas reivindicaciones de los trabajadores, sino de luchar por un verdadero cambio social, político e institucional, exigiéndole al gobierno del presidente Santos la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente y Legislativa para aprobar las reformas que requiere el país y demanda el pueblo colombiano.

Para tal efecto debe superarse sobre la marcha las posiciones economicistas y conciliadoras que tanto daño le han causado al movimiento sindical, en tanto que es menester no dejarse ilusionar con las políticas asistencialistas del gobierno de corte neo liberal, con las cuales no se superan la pobreza ni la desigualdad social de las clases más vulnerables, que hoy corren el riesgo de volver a su estado anterior de pobreza y miseria, como consecuencia de la crisis económica y política que vive el país.

Pero además el gobierno ha incumplido sus compromisos internacionales y legales con los trabajadores al revivir por ejemplo, la práctica de la tercerización del trabajo a través del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 (Ley 1753 de 2015, artículo 74), que el ministro del Trabajo Luis Eduardo Garzón reglamentó el 8 de abril con base en el decreto 583 de 2016, el cual es igualmente inconstitucional e ilegal en la medida en que dicho funcionario carece de la potestad para  reglamentar la ley y además en un claro abuso del derecho se excedió en el ejercicio de sus funciones. Seguramente la nueva ministra Clara López Obregón no procederá a derogar dicho decreto en su condición de servidora del gobierno de turno.

Por otra parte los trabajadores y el pueblo en general no deben olvidar que las luchas reivindicativas, no obstante su gran importancia estratégica y táctica, solo permiten conjurar algunos de los efectos y consecuencias derivadas de la explotación económica del trabajo, la discriminación social y la exclusión política, al tiempo que las conquistas económicas y laborales, tan solo consiguen mejorar parcialmente las condiciones de los trabajadores, hasta tanto se produce la nueva crisis del capital, que conlleva a la pérdida de los empleos, la reducción del salario y de la estabilidad laboral.

Y de ahí la necesidad de que los trabajadores tomen la determinación de involucrarse en la lucha política no solo para defender el derecho al trabajo, sino para coadyuvar en la transformación económica, política y social con todos los demás sectores sociales y políticos avanzados y progresistas, por una paz estable y duradera y la ampliación de la democracia a través de la cual los ciudadanos participen en todos aquellos asuntos relacionados con el Estado y la sociedad.

Con la fuerza de la acción política se podrán consolidar los derechos y libertades además de afianzar el poder y la voluntad soberana de las clases y sectores sociales que viven en lo fundamental de su trabajo y constituyen la mayoría del pueblo colombiano.

Veeduria ciudadana por la democracia y la convivencia social

El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social