De los recortes presupuestales a la política de endeudamiento

Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.

Del análisis del proyecto de presupuesto nacional presentado recientemente por el presidente Santos a la consideración del Congreso de la República, estimado en la suma de $235,6 billones de pesos para la vigencia fiscal del 2018, se desprende claramente el propósito del gobierno de reducir la inversión pública y social en aspectos que son vitales para el desarrollo de la sociedad.

Lo paradójico del asunto es que mientras el gobierno habla de austeridad en la inversión pública, se incrementan los gastos en defensa y en funcionamiento del aparato del Estado, particularmente relacionados con la nómina de empleados y funcionarios que para el caso de la rama ejecutiva se aumenta en 6.961 cargos para el próximo año además de los denominados funcionarios asociados al sistema de transferencias que asciende a 6.172 puestos de trabajo.

Por otra parte el gobierno agobiado por la desaceleración de la economía considera que para el país el camino a seguir es cumplir con las metas fiscales, en momentos en que la producción industrial, el comercio y los servicios, no están en condiciones de contribuir de manera efectiva en el crecimiento del producto nacional y se ha producido una caída de la demanda de bienes y servicios que no se podrá superar con un crecimiento del 1.3% según pronósticos del DANE para el año en curso.

En estas circunstancias resulta poco creíble que el gobierno pueda equilibrar sus finanzas con cifras deficitarias que demuestran que el déficit fiscal equivalente al 3.7% del 2017 pueda reducirse a un porcentaje menor en el 2018 tal como lo manifiesta el ministro de Hacienda de acuerdo con lo previsto por el Comité Consultivo de la regla fiscal, en tanto se reitera la práctica inveterada del endeudamiento, con el cual quedan comprometidos los futuros gobiernos que tendrán que pagar sus costos que posteriormente se trasladaran a los contribuyentes a través de los impuestos tal como viene sucediendo con los impuestos del IVA, al consumo, a los celulares, y que según información del ministro de Hacienda ascienden a la suma de $244.57 billones en TES, etc.

Esta práctica de incrementar los gastos de funcionamiento y limitar la inversión pública tiende a extenderse en los departamentos y municipios en donde los gobiernos locales y regionales utilizan dicha forma para atender ciertas necesidades casi siempre en favor de determinados intereses particulares.

Un ejemplo de este hecho se vive en la ciudad de Cali que durante los últimos 20 años sus administraciones no han dejado de pagar al sector financiero por concepto de intereses y capital ingentes cantidades de dinero del presupuesto municipal. Así las cosas, de aprobarse definitivamente un nuevo préstamo que ha solicitado el alcalde Armitage, el futuro de la ciudad quedará nuevamente hipotecado, agravándose aun más la situación de las finanzas públicas del municipio y seguramente trasladándole posteriormente a los caleños la carga impositiva tal como ha venido sucediendo en el pasado. Lo preocupante es que el total de los recursos estimados en la suma de $195 mil millones de pesos únicamente se invertirán en la construcción de obras en el sur de la ciudad, dejando por fuera otros sectores que de tiempo atrás vienen reclamando la solución de varios de los problemas que los aquejan, sin tener hasta el momento ninguna respuesta sobre el particular, privilegiándose de esta manera el interés particular por encima del interés general.

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