Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.


 

El derecho a la salud de cientos de miles de pacientes se podrá afectar sustancialmente si persiste el desabastecimiento o escasez de ciertos medicamentos para atender las enfermedades de alto costo, lo cual podrá generalizarse con graves consecuencias para los afiliados de las diferentes EPS que funcionan en el país. La atención oportuna de la salud incluida la entrega de los medicamentos sin interrumpir los tratamientos, hace parte del derecho fundamental a la salud

Tal es la situación que se presenta actualmente con la cadena de farmacias Cruz Verde, que anunció su decisión de no continuar suministrando medicamentos a los afiliados a SANITAS EPS que no estén en el Plan Básico de Salud a partir del 15 de noviembre, que por lo demás le adeuda a dicha cadena de droguerías la suma de 400 mil millones de pesos. De esta manera quedarán sin atención farmacéutica miles de pacientes que padecen enfermedades de alto costo como cáncer, diabetes, artritis, hipertensión, etc.

Según afirma ACEMI, los recursos entregados por el Estado a través de ADRES no son suficientes para atender la totalidad de los costos que se generan por diversos factores, como por ejemplo, el crecimiento de la demanda y la implementación de nuevos procedimientos y tecnologías, etc., esta situación ha causado una crisis general que pone en riesgo el sistema de salud que tendrá que ser reformado con el fin de incluir todos los costos y beneficios que reciben los afiliados de las EPS, incluyendo aquellos que no están en el plan básico de salud.

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Un análisis más profundo de esta situación nos indica que el desabastecimiento o escasez de medicamentos no obedece simplemente al aumento de la demanda de los servicios de salud, como tampoco a la implementación de los nuevos procedimientos y tecnologías, sino al abuso de la posición dominante de las multinacionales farmacéuticas que imponen los precios de los medicamentos en el mercado a toda la cadena productiva, distributiva, comercial y del consumo de los mismos.

Para algunos sectores de opinión, el gobierno del presidente Petro debe incluir en la reforma de la salud este aspecto con el fin de garantizar la sostenibilidad financiera del sistema en el corto, mediano y largo plazo.

Lo cierto es que la prestación del servicio de salud se convirtió en un negocio muy rentable a partir de la vigencia de la Constitución de 1991 y la aprobación de la ley 100/93, lo cual trajo como consecuencia la creación de más de 100 EPS intermediarias del recurso público de la salud y que hoy están notablemente reducidas en su número, en medio de la crisis financiera que en muchos casos ha llevado a la quiebra a varias de estas empresas de salud, como producto de la lucha competitiva que se desarrolla en el mercado y de la cual han surgido los monopolios que hoy administran los recursos de la salud, en tanto han entrado en una etapa de deterioro del sistema e incapacidad de sus administradores para atender las necesidades de sus afiliados obligados a financiar el sistema conjuntamente con el Estado para la prestación de un servicio de regular calidad y sin los beneficios que se dicen prestar a los afiliados.

Acorde con lo consagrado en el artículo 49 de la Ley Estatutaria de Salud 1751 de 2015, el gobierno es responsable de proteger y garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud y si hay fallas en alguno o algunos de los actores del sistema debe ponerlo en conocimiento inmediato de las autoridades judiciales y Superintendencia de Salud, para lograr que los pacientes accedan a los medicamentos en forma oportuna.

El reciente comunicado 010 de la comunidad médica científica, profesionales de la salud, academia, investigadores en representación de los ACUERDOS FUNDAMENTALES “alertan sobre la necesidad de tomar medidas para evitar mayor afectación en las condiciones de trabajo y bienestar personal de la salud que podrían agravar la situación del sistema”.


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