Expectativas de la paz

Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.

En medio del jubileo que ha desatado la entrega de las armas por parte de las FARC-EP se abren nuevas expectativas en torno a la posibilidad de construir la paz en Colombia después de varias décadas de existencia del conflicto armado que hoy toca a su fin con un “adiós a las armas, adiós a la guerra, bienvenidos a la paz”, en palabras del excomandante guerrillero Rodrigo Londoño y no obstante que la misma no dependerá de los deseos ni de la voluntad del Estado ni de los exguerrilleros, si antes no se crean las condiciones materiales para el buen suceso de la misma, las cuales deben ser reales y concretas y no simplemente formales.

Todo esto a propósito de que las clases dirigentes siempre encuentran la forma de evadir su responsabilidad, apelando a toda clase de argumentos y argucias jurídicas para incumplir los compromisos, circunstancia esta que ha trascendido a partir de las denuncias presentadas por los integrantes de la antigua insurgencia.

Se trata como dijo el presidente Santos de que los excombatientes puedan ejercer su “derecho a expresar sus ideas dentro del régimen democrático”. A todo lo cual el excombatiente Rodrigo Londoño complementa cuando afirma que “Estado y guerrilla asumimos el compromiso de no utilizar nunca mas las armas en la política; esta es la apertura de una nueva era hacia una democracia liberal”.

En este caso no basta con lanzar consignas sobre la paz y la democracia sino de ejecutar rigurosamente las tareas convenidas y desarrollar la lucha social para lo cual es indispensable tener la suficiente claridad ideológica y política, ya que de otra manera si se escogen equivocadamente los caminos para convertir la paz en realidad, es posible que lo que hasta ahora se ha conseguido objetivamente no se materialice en favor de la paz.

Por otra parte, no hay que olvidar que el poder y la riqueza siempre encuentran la forma de asegurar una mayoría que aprueba la política que interesa a las clases dirigentes y de ahí que los sectores progresistas y democráticos, no solo deben denunciar a los voceros de la violencia política que en las actuales circunstancias puede pasar a un primer plano en medio de la agudización de las contradicciones sociales que genera la defensa de los acuerdos de paz, sino que además tienen la obligación moral y política de representar y defender los intereses comunes de las gentes que viven en lo fundamental de su trabajo y que aspiran a que se aprueben nuevas reformas en materia económica, política y social, que permitan resolver los graves problemas que afronta el país y atender las necesidades de los sectores medios y populares de la población, de las victimas del conflicto, etc.

Dichas reformas no podrán caer en manos de un círculo de simples reformistas y conciliadores o de algunos oportunistas de derecha o de izquierda o partidarios de medidas extremas que le hacen mucho daño al proceso de paz.

La estrategia y la táctica a seguir deben estar dirigidas a preparar a las clases y sectores sociales para exigir no solo del gobierno de Santos sino de los que le sucedan, el cumplimiento de los acuerdos de paz con los cuales se pone fin a una guerra, que en este caso no dio origen a situaciones revolucionarias, pero que de alguna manera contribuyó a producir con base en la negociación en La Habana una gran expectativa de paz que les permitirán a las fuerzas políticas y sociales adelantar su lucha por el cambio social, la consolidación de la paz con justicia social y la posibilidad de contar con una amplia democracia participativa que les garanticen a los diferentes sectores sociales intervenir directamente en todos aquellos asuntos de interés general que es necesario debatir en los diversos escenarios, para construir entre todos el nuevo país que queremos los colombianos y no el que nos impongan las mismas clases que han gobernado por décadas la nación.

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