Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
Después de analizar el contenido del reportaje rendido por el presidente de la asociación colombiana de empresas de medicina integral ACEMI sobre el estado de la salud que recibe el nuevo gobierno, no cabe la menor duda de que esta requiere con urgencia de una gran reforma estructural, que por supuesto no se puede limitar simplemente a reducir el número de las empresas prestadoras de salud EPS que funcionan en el país, como tampoco pretender entregarles una suma adicional por los resultados obtenidos en materia de calidad del servicio prestado, conjuntamente con lo que reciben por el número de afiliados tal como lo proponen el entrevistado y el presidente electo Duque.
La experiencia práctica e histórica demuestra que mientras a las EPS tan solo les interesa aumentar sus afiliados para obtener mayores ingresos del Estado por concepto del copago, para las IPS –instituciones prestadoras de servicios- su interés fundamental es el de facturar cada vez mas por los servicios prestados cuyo costo deben asumir las EPS, en tanto que el Estado no le entrega a dichas entidades los recursos para cubrir los gastos que demanda el sistema del No POS que en este momento asciende a la suma de 8 billones de pesos aproximadamente y con los cuales se deben cubrir los servicios prestados por las IPS (hospitales, clínicas, etc.).
En estas circunstancias la prestación del servicio de salud en favor de los usuarios se desarrolla en medio de una confrontación que se agudiza en la medida en que las EPS no le pagan a las IPS los servicios prestados y con ello se afecta sustancialmente la atención a los usuarios que se quejan por la mala calidad del servicio.
No obstante que el sistema de salud tiene escasos 25 años de existencia y en la actualidad cubre la atención de cerca de 48 millones de colombianos, el mismo adolece de varias deficiencias que se reflejan en la prestación de los servicios en clínicas y hospitales, EPS, farmacéuticas y los propios médicos que están sometidos a determinados protocolos que limitan la atención general a los usuarios.
En la actualidad el sistema se ha vuelto insostenible desde el punto de vista económico y financiero, pues en principio gasta más de lo que recibe, aunque buena parte de los recursos de las EPS se invierten en actividades diferentes de la prestación de los servicios de salud o se dilapidan en actos de corrupción que han llevado a la intervención estatal.
A pesar de que el INVIMA ha tratado de controlar los precios de los medicamentos, la tendencia en esta materia es la de sustituir la libre competencia por el monopolio que ejercen los grandes laboratorios y farmacéuticas, elevándose considerablemente el precio de los fármacos que se logran conseguir en el mercado.
La idea del presidente de ACEMI de que las EPS y las IPS tienen que ser justas y técnicas, contrasta con la realidad que viven los usuarios que hoy no encuentran en el sistema una solución en materia de salud acorde con sus intereses y necesidades, después de que esta se convirtiera a partir de la Constitución de 1991 y de la ley 100 de 1993 en un negocio privado que le depara a sus detentadores grandes beneficios económicos y financieros.
En pocas palabras podríamos decir que el sistema de salud podrá prestarse en igualdad de condiciones a todos los colombianos, cuando su estructura tenga un carácter estatal, la prestación de los servicios sea enteramente gratuita, los usuarios tengan acceso general a la asistencia médica preventiva y curativa, exista una verdadera unidad de dirección, planificación y financiamiento de las entidades de salud en estrecha relación con la ciencia médica y las nuevas tecnologías y los ciudadanos participen en el control y vigilancia de la prestación de dicho servicio público.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social