Los médicos son muy pacientes

 

Hoy, pocas personas creen en las EPS. Y hasta las culpan de  haber puesto más muertos que la guerra, pues desde que se aprobó la citada Ley 100, el número de víctimas por la mala atención del sistema de salud en Colombia, ya supera a los 250.000 muertos que ha dejado el conflicto armado en 50 años de confrontación, de acuerdo con una investigación realizada por Nelly Marcela Polanía, maestra en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, en la cual se revela, también, que de 2’677.170 de muertes que hubo en el período 1998-2011, un total de 1’427.535 correspondieron a causas clasificadas como evitables que pudieron ser atendidas si en realidad operara el modelo de promoción de la salud y prevención de la enfermedad.

 

Según la investigación, “la normativa regulatoria de la salud presenta problemas estructurales dado que, al haber delegado las funciones administrativas y prestacionales de este servicio a los privados, es decir las EPS, concentra el lucro en unos pocos actores, dándole prelación a los rendimientos financieros de estos por encima del mencionado derecho fundamental de los colombianos”. Por esta misma razón se ha elevado una  petición de exigibilidad por el Derecho a la Salud, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Cidh. Aunque no veo viable esta petición, es preciso recordar que ya existe una Ley estatutaria, Ley 1751 que recientemente entró en vigencia.

 

Esta norma elevó la salud al nivel de derecho fundamental autónomo y dio pautas para regularlo. También facilita que se mejore el acceso a los servicios de salud, se eliminen las autorizaciones para las atenciones de urgencias, se fortalezca el control de precios a los medicamentos y se avance más rápido en la incorporación de nuevas tecnologías. La Ley 1751, también reconoce la autonomía médica y faculta a los galenos para que hagan su trabajo con autorregulación, ética, racionalidad y evidencia científica. Es apenas lógico que sean estos profesionales quienes decidan qué tratamientos requieren los pacientes para restablecer su estado de salud.

 

Creo que ahora están dadas las herramientas para ofrecer cada vez más una mejor salud a la comunidad, porque la nueva Ley Estatutaria implica el reconocimiento a la salud como un derecho esencial para garantizar la dignidad humana y la igualdad de oportunidades de los ciudadanos. Otra cosa es que la normatividad no se cumpla. Y que las mismas EPS le busquen el quiebre para pasar por encima de ella, como ya está sucediendo con los pacientes que llegan por urgencias y son trasladados a una consulta interna, para su respectivo cobro. O con el dinero que debería girar directamente el Ministerio de Salud y Seguridad Social a los hospitales para evitar la intermediación financiera. Sin embargo, al revisar con detalle se encuentra que, de todas formas, las EPS siguen teniendo la potestad para autorizar los montos que se envían a los hospitales. Y de cualquier forma esta acción deteriora el servicio prestado a la comunidad.

 

Como también lo deteriora el tratamiento inequitativo que recibe el personal médico, con el excesivo trabajo e incluso con el llamado ‘Alto riesgo administrativo’ que no es otra que las limitantes a los gastos por remisiones a especialistas o exámenes a los pacientes. Mi propuesta entonces es trabajar desde la Cámara de Representantes para contribuir en el diseño y construcción de una Ley que integre a todos los actores que intervienen en la prestación del servicio a la salud como pacientes, médicos y administradores del sistema, con el objetivo de dignificar la profesión médica al servicio de las EPS y hallar una solución integral a esta problemática, pues -al final- los médicos han sido muy pacientes esperando la reivindicación de sus derechos. Lo ideal sería que tanto pacientes como médicos y en general todos los actores que integran el servicio de salud, estén regidos por circunstancias de transparencia y equidad que equilibren la balanza en la prestación de la atención médica.