Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
desde el punto de vista del ejercicio de los derechos y la necesidad de cumplir con los deberes, el reconocimiento de los méritos y las sanciones
Para entender el verdadero significado del concepto de justicia es necesario contraponerlo con el de “injusticia”, que surgen conjuntamente de las relaciones sociales que establecen los seres humanos con base en su actividad material y espiritual en el seno de la cambiante sociedad. De ahí se desprende la valoración que se hace al correlacionarse diferentes fenómenos a través de los cuales se definen no solo lo que es considerado bueno o malo, sino lo que es correcto e incorrecto de la actividad humana, lo que es posible desde el punto de vista del ejercicio de los derechos y la necesidad de cumplir con los deberes, el reconocimiento de los méritos y las sanciones por la comisión de los delitos conforme a la ley, etc.
<em>el acto de aprobación en el congreso de la república del reglamento para el funcionamiento de la Justicia Especial para la Paz –JEP</em>
Un ejemplo al respecto que nos puede ilustrar sobre el carácter de lo justo o injusto de la actividad humana, lo constituye en este caso, el acto de aprobación en el congreso de la república del reglamento para el funcionamiento de la Justicia Especial para la Paz –JEP-, con la cual se estableció una nueva legalidad cuyo propósito es asegurar que los agentes comprometidos con la comisión de delitos de lesa humanidad no sean juzgados por dicho tribunal sino por una sala especial de jueces, en el supuesto de que de esta manera se logrará contar con una “justicia justa” que por lo demás no los obligue a declararse confesos a cambio de su libertad, según se dice por parte de la ponente del proyecto de ley aprobada.
Dicha sala estaría integrada por nueve magistrados dotados de un procedimiento idóneo capaz de garantizar la defensa no solo de los militares y policías procesados sino de la propia institución castrense, con lo cual se le otorga a dicha instancia judicial un carácter politizado, además de que se estaría conformando una justicia paralela y excluyente que rompe con los principios de igualdad y de legalidad que constituyen la base esencial de la institucionalidad judicial. En tanto que ni la justicia penal militar ni la JEP podrán juzgar a dichos miembros del ejército y de la policía cuando estos no quieran someterse voluntariamente a dicha jurisdicción, privilegiándose de esta forma a uno de los actores del anterior conflicto armado.
Por otra parte los voceros del nuevo partido de gobierno han anunciado que introducirán otras reformas al acuerdo de paz y a los actos legislativos y decretos presidenciales actualmente vigentes, con lo cual no es improbable que conviertan en realidad aquello de “hacer trizas” los acuerdos de paz suscritos entre el presidente Santos y la antigua insurgencia de las FARC-EP.
<em>en torno a los crímenes cometidos contra dirigentes cívicos, de derechos humanos</em>
es previsible que aumente la tensión política y judicial en medio de la existencia de un clima de incertidumbre y desconfianza que afectará sensiblemente el proceso de paz
Así las cosas es previsible que aumente la tensión política y judicial en medio de la existencia de un clima de incertidumbre y desconfianza que afectará sensiblemente el proceso de paz y con ello la aplicación de una justicia justa y confiable que tenga por objeto el esclarecimiento de la verdad, la reparación a las victimas y la no repetición de los hechos de violencia y no una justicia que privilegie la impunidad y las injusticias contra el pueblo colombiano, tal como sucede en la actualidad con las investigaciones “exhaustivas” de la fiscalía en torno a los crímenes cometidos contra dirigentes cívicos, de derechos humanos y reclamantes de tierras que se prolongan indefinidamente en el tiempo sin que se produzca ningún resultado por parte de una justicia lenta e inoportuna, circunstancias estas que se suman a la que se anuncia con bombos y platillos, confeccionada a la medida de las necesidades de las clases dirigentes, que a partir del siete de agosto tendrán en la presidencia a su mejor aliado y defensor del establecimiento y de sus intereses de clase.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social