Vamos a hacer unos cambios en el pacto

Redacción

Rafael Nieto Loaiza, precandidato a la Presidencia por el partido Centro Democrático, abogado y especialista en Derecho Penal, ex – viceministro de justicia, asesor externo de la Constituyente del 91, uno de los líderes ideológicos de la campaña del No en el plebiscito. Hace parte de los quíntuples precandidatos presidenciales por el Centro Democrático, integrada por María del Rosario Guerra, Carlos Holmes Trujillo,  Paloma Valencia, e Iván Duque.

Está adelantando una gran campaña, con profundo conocimiento del estado y especialmente de los problemas jurídicos que se derivan de la implementación del proceso de paz. Estuvo en Cali y convocó a los medios de comunicación, en charla amena , que gustó a los interlocutores, donde destacamos unos pronunciamientos, que permiten por reflexionar, sobre el statu quo de la política colombiana.

Creo que la política debe ser para servir a los demás y no para servirse. Por eso fui uno de los líderes del NO en el plebiscito del 02 de octubre, asesor externo de la Constituyente de 1991

Creo que la política debe ser para servir a los demás y no para servirse. Por eso fui uno de los líderes del NO en el plebiscito del 02 de octubre, asesor externo de la Constituyente de 1991 y uno de los líderes del Movimiento Estudiantil por la Constituyente.

La corrupción no tiene partido político ni ideología. A todos los corruptos hay que combatirlos por igual. Conocí a profundidad la estructura del Estado como coordinador de la agenda legislativa durante el primer gobierno del ex presidente Uribe. Estudié la crisis de la rama judicial cuando fui viceministro de Justicia y propusimos una gran reforma que fue obstaculizada por las Cortes. Debemos trabajar para recuperar el Estado de Derecho, el imperio de ley, la seguridad jurídica, la justicia y la confianza en las instituciones.

Mi trabajo como consultor en temas de justicia, seguridad y responsabilidad social empresarial de la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial y de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), me ha permitido recorrer América Latina,las regiones apartadas y olvidadas de Colombia y conocer de primera mano los problemas de campesinos, agricultores, ganaderos y comunidades indígenas y afro.

La lucha contra la pobreza es de urgencia. Hay que hacer de Colombia un país donde todos seamos propietarios. Como empresario y como consultor empresarial internacional, sé bien que apoyar los emprendimientos individuales y la empresa privada es la clave para generar riqueza, crear empleo y superar la pobreza.

Como abogado experto en derecho constitucional y profesor, conozco a fondo la Constitución del 91 y la necesidad de defenderla de los ataques que le están haciendo. Como experto y profesor en derecho internacional, derechos humanos y derecho internacional humanitario, asumí la defensa del Estado en varios casos frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se bien lo que debe hacerse para corregir la equivocada estrategia del gobierno frente a las demandas de Nicaragua en la Corte Internacional de Justicia.

Tenemos que derrotar a los violentos y los criminales. Mi experiencia como consultor internacional en seguridad de distintos gobiernos de América Latina y como asesor principal en el Ministerio de Defensa, me permite comprender a profundidad los principales desafíos en la materia y diseñar estrategias que nos permitan vivir en un país más digno y seguro, donde se persiga y castigue el narcotráfico, el microtráfico y a los delincuentes.

Sé que es una desventaja de no ser reconocido por la opinión pública, pero cuando la gente oye mi discurso se engancha inmediatamente. En mi paso por el gobierno salí sin investigaciones.

pero cuando el Presidente y las FARC sujetaron la implementación de este pacto a la victoria del sí en este plebiscito y ganó el no, ese pacto se volvió un pacto ilegítimo

El pacto con las FARC ya no es un pacto legítimo , cuando se celebró tenía la legitimidad que le daba las facultades presidenciales al presidente Santos, de buscar una salida negociada del conflicto armado, pero cuando el Presidente y las FARC sujetaron la implementación de este pacto a la victoria del SI en este plebiscito y ganó el NO, ese pacto se volvió ilegítimo y sigo convencido de que lo es El hecho de que la corte constitucional haya cambiado su jurisprudencia hace unas semanas y haya pasado de decir que el resultado del plebiscito obligaba al presidente la República para decir la misma corte, después que se podría hacer una refrendación a través del Congreso, no le cambia su ilegitimidad

Mi posición es este pacto no hay que hacerlo trizas, no hay que volarlo en pedazos, es mejor que esto 9000 bandidos estén aquí  hoy y no en el monte asesinando inocentes, pues en ese sentido hay un paso adelante

Está claro que las FARC están incumpliendo el pacto, no todos se desmovilizaron, no todas las armas se entregaron, no han entregado información de pistas, laboratorios, cómplices, localización de los mismos en materia de narcotráfico, no han permitido que los niños reclutados a la fuerza se desmovilicen de manera efectiva, ni han devuelto a los secuestrados desaparecidos, ni han entregado todos los bienes y todos los dineros.

Si hay que hacer unas modificaciones de fondo al acuerdo con las FARC, la primera que sostenía era sacar el pacto de la Constitución Nacional, ya no es necesario, la corte en el último comunicado ratifica lo que ya había insinuado, es que el pacto no hacer parte de la Constitución, el pacto tiene una naturaleza política y que para que se introduzca en el ordenamiento jurídico se requieren reformas específicas que lleven parte de su contenido, al texto constitucional.

En mi opinión el nuevo presidente de la República debe de gobernar con la constitución del 91 en la mano y el mandato ciudadano expresado en las urnas y de ninguna manera preguntarle a las FARC su opinión.

Hay que modificar aquellos aspectos del pacto que le dan derechos, preferencias y privilegios a los miembros de las FARC que no tienen los ciudadanos del común. No es aceptable que el resultado de un acuerdo de un grupo guerrillero con un gobierno les dé una mejor posición a las personas que han cometido crímenes que aquellos que nunca han delinquido. Por ejemplo si alguno de los ciudadanos comete un delito común, de corrupción, de narcotráfico jamás puede aspirar a un cargo de elección popular, las FARC sí! Si usted pertenece a algún partido político no puede tener una emisora de radio, los de las FARC van a tener 20. Las FARC van a ser el partido político mejor financiado de Colombia, de aquí hasta el 2026, no importa cuántos votos saque.

Las FARC pueden hacer política, claro, pero no estoy de acuerdo con que las FARC tengan ventajas políticas que nosotros no tenemos, que hagan política en la misma circunstancia que nosotros. No puede ser que ellos tengan mayores beneficios y prebendas que nosotros que nunca hemos delinquido. El principio de la igualdad en ese acuerdo hay que corregirlo, se le envía un mensaje anti pedagógico a la comunidad muy claro: “ser criminal paga” y este es un mensaje sembrador de violencia muy desafortunado.

Yo creo que la jurisdicción especial para la paz hay que acabarla

Yo creo que la jurisdicción especial para la paz hay que acabarla, yo al principio no estaba en contra de la JEP, tenía muchas preguntas acerca de la jurisdicción, pero su constitución, los nombres que hacen parte de la jurisdicción me hacen concluir que al final que esa jurisdicción es como si los árbitros del partido Perú vs. Colombia todos fueran peruanos. El juez es de izquierda, el juez es anti Uribista, tienen contratos con el Estado, algunos de ellos participaron en la negociación, varios de ellos han sido denunciantes de miembros de la fuerza pública, han demandado al Estado colombiano, no es un juez que dé garantías de neutralidad e imparcialidad. Y es peor aún que este árbitro no solamente lo puede sacar del juego sino que lo puede encarcelar, este árbitro decide cuales son las reglas del juego, porque no sabemos cuáles son las reglas que van a aplicar.

Hay que desmontar los incentivos perversos al narcotráfico que están en el pacto y que estos son los que nos han llevado al aumento de las hectáreas de coca en el país. La coca en el país es el motor de la violencia, le dicen a uno que las cifras de homicidios ha bajado, si, si han bajado desde el momento de que el Estado colombiano dejó de combatir al narcotráfico, pero cuando el Estado empieza a hacer la tarea de combatir el narcotráfico se disparan las tasas de violencia.

No hubo blindaje, lo que dice la Corte Constitucional es que ese pacto es un pacto político, no hace parte del bloque de constitucionalidad para que puedan introducir parte del pacto en el texto constitucional, se requieren reformas constitucionales específicas y no dice ni una sílaba de que no se puede cambiar. Y como en el derecho las cosas se hacen como se deshacen, uno tiene que presumir que el Congreso posterior puede modificar lo que este Congreso introdujo, sin límite.

La Constitución colombiana no admite normas que no sean modificables o derogables, lo único que ha dicho la Corte Constitucional es que hay ciertos pilares estructurales de la constitución del 91 que no pueden ser alterados por el Congreso, porque es poder constituido, pero eso no significaría que no pudieran ser alterados por una constituyente o eventualmente por un referendo, ninguno de los cambios constitucionales que se produzca con ocasión del acuerdo hace parte de los pilares de la constitución del 91. Por tanto todas las reformas constitucionales que se adelanten en cualquier sentido pueden más adelante ser cambiadas, derogadas o eliminadas por el mismo Congreso más adelante.

Podría ocurrir que la Corte constitucional se le ocurriese decir, que no, que el Congreso no lo puede hacer, nos obliga a irnos a una constituyente y es una caja de Pandora, uno sabe cuándo la abre, pero no tiene ni idea cuando se cierra, que sale de ella y genera una incertidumbre jurídica y política. Si podemos evitarnos una constituyente, hay que evitarla.

si la C.C.  le dice al nuevo Congreso, que si hace unas modificaciones del Congreso saliente, le van a tumbar esas modificaciones, deja abierto el camino de la constituyente

Pero si la C.C.  le dice al nuevo Congreso, que si hace unas modificaciones del Congreso saliente, le van a tumbar esas modificaciones, deja abierto el camino de la constituyente, que tendrá que sentarse a mirar, la reforma a la administración de justicia, en todo caso es indispensable. Nunca se ha sostenido que haya normas constitucionales que no se puedan cambiar, si eso fuera así estaríamos viviendo un régimen autoritario.

Nosotros si vamos a hacer unos cambios al pacto, tenemos tres fuentes de legitimidad, que este gobierno no tiene. El triunfo del NO en el plebiscito, el mandato ciudadano expresado en las urnas, nosotros hemos dicho que vamos a cambiar parte de lo que está firmado, para nadie es un secreto, la gente si termina votando por nosotros y eligiéndonos en el gobierno, nos está dando el mandato de hacer esos cambios, entonces tendremos mandato ciudadano. Por último tendremos las mayorías en el Congreso.