Por Guillermo E. Ulloa Tenorio
Economista de la Universidad Jesuita College of the Holy Cross en Estados Unidos, diplomado en alta dirección empresarial INALDE y Universidad de la Sabana. Gerente General INVICALI, INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE, Secretario General de la Alcaldía. Ha ocupado posiciones de alta gerencia en el sector privado financiero y comercial.
Haber presentado reformas que atentan contra cimentadas viejas costumbres clientelistas y “enmermaladas” de partidos cómplices de la administración Santos, el gobierno Duque ha encontrado campos minados y estériles de discusión colmados de intereses clientelistas, políticos y burocráticos, cultivo de prácticas corruptas.
La reforma a la justicia, indispensable en lograr transparencia cristalina, esencia fundamental de democracia, zarandeando abundantes y enquistados “carteles de la toga”, de altas cortes y tribunales municipales, acostumbrados a canjear sentencias por dadivas, fue naufragando en el océano de profundos témpanos de descomposición.
La reforma política que buscaba fortalecer los partidos sacudiéndose de micro empresas electorales que han ahogado las corporaciones públicas encabezados por atornillados, arraigados y anquilosados concejos municipales, replicados en Asambleas Departamentales y el sistema bicameral, también se hunde lentamente.
Aun queda con alguna posibilidad de salvamento, la reforma tributaria, llamada ley de financiamiento, fundamental en equilibrar la balanza fiscal entre ingresos y egresos.
Sin embargo, en el afán de cubrir el faltante del desfinanciado presupuesto dejado por el gobierno Santos, la administración toco el sensible bolsillo de la inmensa y silenciosa mayoría.
Gravar el IVA en productos de la canasta familiar, volver a mecanismos de doble tributación, impuesto patrimonial y cargar insostenible imposición a las pensiones eran formulas sencillas.
La protesta universal del gravamen a la canasta familiar obligó a replantear el tema, pero aun se debaten otras proyectadas imposiciones.
Gravar las pensiones es un atropello.
La juventud de la administración encandelilla el lejano momento de alcanzar edad de pensionarse y por ello, no tienen en cuenta la desestabilización moral, social y económica que pretenden con el gravamen pretendido.
El aporte del 12% a la salud, el más oneroso del continente cuya media es del 4%, sufragando el enriquecimiento ilícito de las desfinanciadas y corruptas entidades del régimen subsidiado, es la carga más injusta. Además, el oneroso aporte arroja un desproporcionado costo del complemento del pago en servicios de consulta, medicamentos y atención prioritaria.
El pésimo servicio de algunas entidades obliga al pensionado buscar mecanismos de medicina prepagada, para cubrir alternativamente su seguridad en salud, en menoscabo de su limitado ingreso.
La formula de reajuste anualizado al IPC y no a la inflación arroja un deterioro permanente del poder adquisitivo cambiando sus condiciones económicas.
Obnubilados en fugaz juventud, también olvidan los proponentes, que los pensionados tributaron durante su vida laboral, constituyéndose en desfachatada doble tributación.
Los derechos fueron adquiridos construyendo bienestar para la familia y comunidad, la misma que hoy olvida ese aporte, viendo frías e incalculadas formulas del lejano salvamento presupuestal producto de un estado derrochador, ensimismado en intereses de inflado, abultado e improductivo aparato burocrático.
“Cuando el palo no está para cucharas”, como dice el viejo refrán, no obstante la imperiosa necesidad de buscar nuevos recursos, igual importancia, como enseña la más elemental economía hogareña, deben reducirse los gastos.
Es ahí donde debe enfocarse la reforma en vez de gravar lo inconcebible