María del Rosario Guerra
Senadora de la República
Colombia no será ajeno a los impactos negativos desencadenados por la pandemia del Covid-19 en el mundo. Los retos son muchos en materia de reactivación, pero ninguno imposible para un país que está bien dirigido por el presidente de la República Iván Duque y que tiene metas claras para responder a las necesidades de sus ciudadanos.
Es esa línea quiero referirme en esta columna a la austeridad en el manejo del Estado, contemplado en la propuesta de referendo liderada por el expresidente Álvaro Uribe y la bancada del Centro Democrático. En este punto el objetivo propuesto es promover un Estado austero que priorice los recursos para la inversión social y que reduzca el presupuesto para gastos de personal y generales en el sector público. Según informe del Banco Interamericano de Desarrollo, sobre la eficiencia del gasto público, en 2016 Colombia reportó uno de los Gastos en Compras Públicas más altos de la región, 10% como porcentaje del PIB, mientras que los países de América Latina y el Caribe reportaban en promedio un gasto de 8,6%.
Al igual que muchos de los países del mundo, Colombia enfrenta una de las peores crisis en materia social y económica. Prueba de ello es la contracción que ha vivido la economía durante el 2020, que si bien en las últimas cifras reveladas por el Dane demuestran una contracción de -9% del PIB para el tercer trimestre, que fue inferior al trimestre anterior, la caída del PIB estimada para el año 2020 es del -7%. Del mismo modo, se reconoce que como consecuencia de la caída en la actividad económica, producto del confinamiento y el cierre del 85% de las actividades por casi tres meses, hubo una importante afectación en el empleo.
Aunque los indicadores de mercado laboral presentaron una recuperación durante el mes de septiembre, con una tasa de desempleo de 15,8% luego de ser – 20,1% en abril, el reto sigue siendo enorme, tomando en consideración que el desempleo ha afectado en mayor medida a las mujeres (20,7%) y jóvenes (25,9%). No puedo dejar de mencionar los efectos negativos en materia de pobreza, donde perdimos el esfuerzo de los últimos 15 años en el país hasta llegar a bajarla al 27%. En estos meses de pandemia se estima un incremento de casi 10 puntos en el porcentaje de personas en condición de pobreza. 5.4 millones quedarían en condición de pobreza. Una tragedia social y familiar. Pero gracias al gran trabajo que ha hecho el gobierno del presidente Iván Duque en materia de atención a población vulnerable a través de programas sociales como Ingreso Solidario, Familias y Jóvenes en Acción, Adulto Mayor y Devolución del IVA, han permitido mitigar parte de la caída en los ingresos de los hogares más vulnerables.
Es bueno recordar que además de los ingresos tributarios, la segunda fuente importante de recursos para la atención de la emergencia es el endeudamiento. Según información del Banco de la República, para el mes de agosto, el país alcanzó un endeudamiento equivalente al 53,6% del PIB, deuda que ha sido necesaria en la pandemia, pero que debe ser pagada. Se estima que la deuda será cercana al 65% al cierre del año. Lo anterior, implica un gran desafío, para este y próximos Gobiernos que tendrán que pagarla.
Bajo el actual panorama que nos deja la pandemia, resulta fundamental garantizar austeridad en el gasto, por lo que en la propuesta de referendo planteamos dos propuestas. Por un lado, garantizar que el incremento en el gasto de funcionamiento y por supuesto de la nómina del Estado que es superior a los $6.5 billones año, no supere la inflación anual esperada. Cabe señalar que en el presupuesto aprobado para 2021, el gasto de personal se programó tomando solamente como base el incremento de la inflación esperada (2,4%) y se redujo en $340 mil millones los gastos de bienes y servicios; esta tendencia tendrá que mantenerse por lo que el compromiso del Gobierno será determinante.
A renglón seguido, la propuesta promueve la reducción del Legislativo en un 30% y congelar durante un periodo de seis años los salarios de los congresistas.
En la actualidad, el Congreso está compuesto por 108 Senadores, de los cuales 100 corresponden a circunscripciones nacionales, 5 curules para las Farc, como parte del Acuerdo Final, y 1 curul para la segunda votación presidencial más alta. 172 curules tiene la Cámara de Representantes, de las cuales 161 corresponden a circunscripciones territoriales, 2 por las comunidades Afro, 1 para representar a colombianos en el exterior, 1 para las comunidades indígenas y 5 para las Farc. Para el 2020, el Congreso contó con un presupuesto de $633 mil millones, y con la Ley de Presupuesto aprobada para 2021 el Congreso contará con un presupuesto de $648 mil millones, 2,3% de incremento respecto al 2020. No es sólo el salario de los congresistas sino los 50 salarios mínimos que cada uno tiene para vincular el equipo de apoyo al trabajo legislativo, más los gastos en seguridad y desplazamiento, los cuales en 2020 fueron de $22.9 mil millones para Senado y $41.8 mil millones para Cámara.
Se estima que con el congelamiento del monto de presupuesto planteado por seis años en gastos de personal y generales del Estado el ahorro anual puede ser superior a los cinco billones de pesos.
Quiero terminar esta columna reiterando la necesidad de establecer una cultura de austeridad en el Estado, lo cual debe ser un compromiso no solo de este, sino de los futuros mandatarios, quienes tendrán que ser responsables con las finanzas públicas, sin descuidar las necesidades de inversión, necesarias en el proceso de reactivación de la economía y la atención a la población más vulnerable.