Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
El crecimiento y desarrollo de la ciudad de Cali no puede continuar avanzando al garete de los acontecimientos que surgen espontáneamente y que no son objeto de una verdadera planificación y control democrático de los mismos, no obstante existir sendos planes de ordenamiento territorial que así mismo se modificaron a través de los denominados planes parciales en función de satisfacer las demandas de grandes propietarios, urbanizadores y negociantes de propiedad raíz, en tanto que los planes de desarrollo que presentan los alcaldes de turno no están fundamentados en una verdadera planeación participativa que implica involucrar a los ciudadanos en la deliberación y decisión colectivas de dichos planes, lo cual constituye un presupuesto esencial del ejercicio del poder soberano del pueblo.
En el caso de la ciudad de Cali la preparación de dichos planes siempre ha tenido un carácter formal en la medida en que los alcaldes tan solos consultan la opinión de su clientela política electoral para de esta manera cumplir con las exigencias establecidas en la Constitución y en la ley, además de priorizar aquellos proyectos y programas de interés de algunos sectores sociales ligados con el poder económico y político de la ciudad.
A todo lo anterior se suma la metodología empleada por los tecnócratas de la administración cuyo papel se reduce a informar y socializar el contenido del plan entre los ciudadanos que asisten a las asambleas comunales, convirtiendo de esta forma la planeación participativa en una simple instancia de comunicación que finalmente termina “en una simple botadera de corriente” que en nada contribuye con el objetivo de mejorar las condiciones de existencia y desarrollo de la ciudad y de sus habitantes.
De esta manera resulta además imposible de hacerle un seguimiento y control a la ejecución de los programas que contiene el plan quedando en manos de la administración el cumplimiento de sus objetivos y finalidades.
A propósito de la posesión de la nueva administración al frente del gobierno municipal a partir del 1 de enero de 2020, los caleños no pueden renunciar al derecho de participar en la conformación del nuevo plan de desarrollo y de poder ejercer un control sobre la forma y manera como se ejecutarán los proyectos y programas del mismo a partir de la obligación que tienen las autoridades de garantizar la participación democrática de los ciudadanos, particularmente si se tiene en cuenta que Cali ha sido categorizada como una ciudad Distrito Especial, con lo que se modificará sustancialmente su organización territorial y administrativa con la creación de varias localidades a la cabeza de las cuales estarán los alcaldes locales quienes tendrán que elaborar su propio Plan de Desarrollo con la participación de los ciudadanos que integran cada una de las entidades territoriales en que se dividirá la ciudad.
Esta circunstancia debe convocar a todos los ciudadanos a participar activamente en la planeación encaminada a resolver los problemas mas sentidos de la comunidad atinentes a la seguridad, la movilidad, el transporte, la conservación de la identidad de los barrios y sectores urbanos y rurales, a la protección del medio ambiente, al mejoramiento en la prestación de los servicios públicos, de salud, vivienda, etc., que en la actualidad demandan los ciudadanos de todas las comunas frente a los cuales debe surgir una respuesta efectiva y concreta que pueda ser manejada racional y democráticamente por los alcaldes locales con el concurso de los ciudadanos comprometidos con el presente y futuro de la ciudad que queremos todos los caleños.
ADENDA: La sanción en primera instancia impuesta por el Ministerio del Trabajo al Municipio de Cali por la suscripción de miles de contratos de Prestación de Servicios, no puede quedarse en la simple sanción pecuniaria que sale del bolsillo de los caleños a través de los impuestos que pagan, constituyéndose en un verdadero detrimento patrimonial en contra de las finanzas públicas; en tanto que por otra parte, se han violado los derechos Humanos -laborales y a la seguridad social integral- entre otros, de un cúmulo de personas en su mayoría vulnerables por su situación socio económica, utilizando para ello un procedimiento de contratación ilegal como es la tercerización que en este caso le permite a la administración municipal eludir su responsabilidad como verdadero empleador haciendo aparecer al trabajador como un simple “contratista independiente” y por tanto trasladándole las obligaciones que le corresponde asumir al Municipio de Cali.
Esta situación se agrava con aquellos trabajadores(as) incapacitados(as) por enfermedad general o accidente de trabajo, maternidad, a quienes se les niega el pago derivado de sus labores mediante la imposición de la firma de documentos de renuncia al pago con la figura de “suspensión del contrato” y finalmente la terminación contractual, lo cual es absolutamente inconstitucional e ilegal.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social