Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
1.- De ahora en adelante los caleños no solo tendrán que cubrir con sus ahorros el costo de la corrupción y el despilfarro de los dineros públicos en el caso de ELECTRICARIBE, sino que además se verán obligados a pagar el valor de los medidores que EMCALI comenzará a instalar con el argumento de la obsolescencia de los mismos, después que se ha comprobado que esta medida obedece a la necesidad de recuperar el 50% del agua potable que se pierde como consecuencia de la negligencia de la administración de EMCALI y de adelantar la reposición de las viejas y obsoletas redes de acueducto y alcantarillado y del contrabando que se realiza a la luz del día en todo el centro de la ciudad sin que las autoridades de policía ni los órganos de control del municipio hagan nada para evitarlo, particularmente en lo que toca con el servicio de energía.
Por otra parte, los usuarios no deben pagar con la factura el precio del medidor ya que en la tarifa de acueducto está incluido el pago para el mantenimiento y prestación de este servicio.
2.- Después de casi un año de intervención del parque del acueducto con la construcción de andenes y senderos peatonales con los cuales se cambió su entorno natural, los vecinos se encuentran muy preocupados en razón de que dicho espacio ambiental pueda ser ocupado con kioscos de vendedores ambulantes autorizados por la propia administración municipal, acorde con los planes y proyectos de la Cámara de Comercio que en el pasado trató de convertir ese proyecto en realidad, a todo lo cual se oponen los habitantes de los barrios circunvecinos por cuanto esta zona es un bien público inalienable y debe conservarse como un pulmón de esta parte de la ciudad.
El ex alcalde y candidato Ospina ha manifestado a través de los medios de comunicación la necesidad de obtener provecho económico de las zonas verdes, desnaturalizándose con ello su carácter natural y paisajístico.
Las ventas al interior del parque no deben ser permitidas pues atentan contra el medio ambiente, el paisaje, la tranquilidad y el sosiego doméstico de sus vecinos, derechos estos que son pilares esenciales de la convivencia social que está por encima del interés particular disfrazado en este caso de interés general.
3.- Esta actividad de carácter urbanístico presuntamente dirigida a mejorar y embellecer el entorno natural en el cual se invierten grandes sumas de dinero sin mayores controles por parte de los órganos institucionales, contrastan con otra realidad que emerge amenazante y desafiante contra los peatones que transitan por los tortuosos andenes y calles en el centro y algunos barrios de la ciudad, destrozados por el uso y el paso implacable del tiempo cuando no se les da el mantenimiento adecuado o necesario ni tampoco existe el interés de las autoridades por recuperarlos para propios y extraños que en todos las latitudes hacen parte de la estética misma de las ciudades y del orgullo de sus habitantes con todos sus hitos y monumentos históricos y arquitectónicos.
Ad portas de terminar su mandato el alcalde, con su visión estereotipada de esta realidad no le permite ver mas allá del espacio en que se mueve en una ciudad en donde como consecuencia del autoritarismo de sus gobernantes y la corrupción se perdió el sentido de pertenencia que caracterizó en el pasado a los habitantes de esta ciudad siempre orgullosos de ser caleños, solidarios y amigos de siempre.
4.- Siendo la inseguridad uno de los aspectos que más golpea a los ciudadanos de los estratos 4, 5 y 6, que por lo demás contribuyen con una onerosa sobretasa para la seguridad a fin de que las autoridades les garanticen su vida e integridad personal, poco o nada se hace en la práctica al respecto, mientras en las calles de la ciudad incluyendo el Parque del perro desvalijan los vehículos de las personas que se parquean a su alrededor o en las zonas aledañas e igualmente las despojan de sus pertenencias sin que exista la posibilidad real de acudir a la autoridad policial, que además recibe el apoyo financiero y hasta logístico de la administración municipal sin que con ello se pueda garantizar que Cali es y será una ciudad segura.
En tanto no existe una política encaminada a resolver estos problemas sino simplemente la puesta en marcha de medidas “de choque” que no permiten afrontar con eficiencia este flagelo que hoy padece la ciudad.
La ausencia de vigilancia policial nos lleva a la conclusión de que los caleños están desprotegidos en medio de una ciudad insegura.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social