Por Benjamín Barney Caldas
Arquitecto de la Universidad de los Andes con maestría en historia de la Universidad del Valle y especializaciones en la San Buenaventura. Ha sido docente en los Andes y en su Taller Internacional de Cartagena; en Cali en Univalle, la San Buenaventura y la Javeriana, en Armenia en La Gran Colombia, en el ISAD en Chihuahua, y continua siéndolo en la Escuela de arquitectura y diseño, Isthmus, en Panamá. Miembro de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, la Sociedad de Mejoras Públicas de Cali y la Fundación Salmona. Escribe en El País desde 1998, y en Caliescribe.com desde 2011
Las ciudades, además de sus habitantes, son sus espacios urbanos públicos, conformados casi siempre por edificios que aunque muchos son de uso público la gran mayoría son de propiedad y uso privados, lo que lleva a diversos conflictos debidos a las muy diversas actividades que se dan en ellos y entre ellos. Y, por otro lado, la propiedad privada del suelo urbanizado o por urbanizar, como infortunadamente sucede en Colombia, genera más conflictos, y mucho más graves, al buscar que se favorezcan sus intereses puramente especulativos sobre los esencialmente urbanos, recurriendo a la propaganda engañosa y la moda snob o presionando indebidamente a las autoridades municipales.
Espacios urbanos públicos que son fundamentalmente calles, avenidas, paseos, plazas, explanadas, parques, zonas verdes y vías urbanas o interurbanas; y por su parte las construcciones que las conforman son casas, edificios o conjuntos, y los conflictos lo son con respecto a su proyecto, construcción y uso, especialmente el de los primeros pisos, como posteriormente relativos a su mantenimiento, remodelación, renovación, cambio total de uso o demolición, a los que hay que agregar la intervención no autorizada en los andenes de las calles, e incluso en sus calzadas, que muchos equivocadamente consideran como si fueran “pertenecientes” a cada edificio.
Además las diversas actividades en los diferentes edificios de la ciudad, base fundamental de la deseada animación urbana de sus sectores, suscitan tropiezos cuando entorpecen los desplazamientos diarios u ocasionales, principalmente de la vivienda al trabajo, estudio, comercio, salud o recreación, muy especialmente en los andenes, de los que muchos se apropian para su propio beneficio ignorando que son también para todos los demás y que constituyen una frontera que debería ser intocable entre lo público y lo privado. Y están los conflictos que genera toda construcción entre su propiedad privada y su función pública: usos, fachadas, retrocesos, aislamientos, voladizos y alturas.
Considerando todo lo anterior, el objetivo de la planificación de una ciudad debe estar enfocado a lograr en cada caso un acertado equilibrio entre ella, en tanto artefacto, y su uso, público o privado, y la propiedad privada o pública de su suelo y de cada espacio o edificación, para que la ciudad sea de todos y no de nadie o de sólo algunos. Y no faltan los funcionarios a todo nivel que creen que los edificios y espacios urbanos públicos son de ellos debido al cargo que desempeñan, y los utilizan arbitrariamente, o para auto promocionarse usando la política para ellos y no para la polis de los ciudadanos, lo que muchos habitantes de las ciudades, que no urbanitas, toleran sin pensar.
En conclusión, difícilmente se pueden planificar las ciudades mientras no se resuelvan a fondo los deberes y derechos de la propiedad, privada o pública, en ellos, y el mal comportamiento de sus habitantes en sus espacios públicos como en los privados, especialmente en cómo afectan a los demás, como lo son los denominados ruidos y olores ajenos, pero también las fachadas hacia el espacio público que alteran caprichosamente su regularidad tradicional, ignorando que pese a ser de propiedad privada su imagen es pública y que su individualidad debe reducirse discretamente a sus entradas, como corresponde a las sociedades de verdaderos urbanitas, más democráticas e igualitarias.
