Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.

El autoritarismo de los gobernantes en general consiste en la subordinación de los ciudadanos al poder de un funcionario a quien se le otorgan una serie de atribuciones especiales con las cuales se rompe el denominado equilibrio existente entre el órgano de representación popular (Concejo, Asamblea, Congreso) y el poder del ejecutivo nacional, regional y local.
En el caso de los alcaldes esta situación se hace cada vez mas notoria en la medida en que dichos funcionarios poseen el poder por ejemplo, de expedir por decreto el presupuesto municipal, su plan de desarrollo y el plan de ordenamiento territorial (POT), para el caso de que la corporación edilicia no los apruebe en el término señalado en la ley.
Por supuesto que el actual alcalde de Cali no es la excepción, solo que en este caso su autoritarismo se expresa bajo otras formas y modalidades que van desde su negación a contestar los simples derechos de petición que presentan los ciudadanos y a cuestionar las decisiones de los jueces, hasta enfrentar directamente a la comunidad tal como sucedió con los habitantes del Valle del Lili a propósito de la construcción del sur del MIO, a quienes les notificó que dicha obra “se haría porque se haría”, circunstancia esta que obligó a sus moradores a proponer una acción popular ante el juez administrativo, la cual está pendiente de un fallo definitivo.
Algo similar ha ocurrido en torno a la acción Popular instaurada por el Comando 7 de la Base Aérea Marco Fidel Suárez ante la justicia administrativa solicitándole suspender las licencias de construcción en alturas en un radio de 4 kilómetros alrededor de la Base con el fin de preservar la seguridad aérea y la de los habitantes de dicho sector, lo cual suscitó la protesta airada del alcalde Armitage, quien considera que con dicha acción se impide el crecimiento y desarrollo urbanístico de vastos sectores de la ciudad, circunstancia ésta que además lo llevó a enfrentarse con el ministro de Defensa, a quien le exigió “respeto para la ciudad de Cali”.
En esta oportunidad el alcalde pretende colocarse por encima de la ley y de varios protocolos internacionales que regulan la materia cuya incumplimiento puede generar graves riesgos para los habitantes de aquellos edificios cuyas alturas sobrepasen lo establecido en dichas regulaciones.

El carácter autoritario del señor alcalde en relación con esta situación se revela de una manera patética a través del reportaje concedido el día 8 de septiembre al diario El País en donde da a conocer su inconformidad absoluta en torno a la coexistencia de la Base Aérea y los 2.5 millones de habitantes, circunstancia ésta que según el alcalde, limita el crecimiento y desarrollo urbanístico de la ciudad.
Así las cosas está claro que el alcalde con su actitud autoritaria lo que pretende es pasar por encima de una entidad del Estado como la FAC, usurpando competencias que no le corresponden y de paso violando la propia legalidad que obliga a los funcionarios a respetar las leyes y normas jurídicas y en este caso a esperar que las autoridades judiciales diriman este conflicto.
Los ciudadanos tienen el deber moral y político de exigir ante las autoridades el cumplimiento de la Constitución y de la ley y de emprender una lucha contra el autoritarismo que corroe las instituciones y propicia la corrupción a todos los niveles de la administración pública, las cuales no se podrán derrotar sino con la participación democrática de todos los ciudadanos en aquellas decisiones que los afectan individual y colectivamente.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social