Por Ramiro Varela Marmolejo
Ingeniero Civil de Univalle, MBA U. V., Director de Caliescribe, constructor, Ex -Congresista y Ex Concejal de Cali.
Indudablemente que Colombia en lo que tiene que ver con la planificación del Estado, de sus departamentos y sus municipios ha avanzado, pero dista mucho de lograr el desarrollo en todos los niveles territoriales, sus resultados, que se observan específicamente en los indicadores sociales y económicos de Colombia.
Pensar que el país tiene el lugar 39 en el PIB 2019 con US 39,000 millones de dólares, somos el número 57 en la educación ( Pruebas Pisa 2019 ) y 101 en el PIB per cápita 2019 con US6.432 , indican que no vamos por el camino correcto. Y para que no quede duda, el promedio per capia mundial en el 2019 fue de US 11.428, valor al que no llegaremos en 20 años.
Prácticamente la planeación económica se comenzó hace 70 años, en el gobierno de Mariano Ospina Pérez, donde la misión Curry inicio todos los estudios que se cimentaron en la ley 19 de 1958, para crear el Consejo Nacional de política económica y planeación de Colombia.
Hace 62 años se creó Planeacion nacional y el Consejo Nacional de política económica y de planeación, como instancias encargadas de orientar y conducir en el alto nivel técnico político, la acción del Estado para el desarrollo, nación, departamentos y municipios. Sin embargo estamos lejos de diseñar y ejecutar políticas públicas que orienten el país en el rumbo correcto. Lo pudo hacer Corea del Sur , pais que hace 60 años estaba peor que nosotros y nos quedamos atrás, como por señalar un ejemplo.
Y con la CN de 1991, artículo 151 se puso en cabeza del Congreso la función de expedir la ley orgánica, el artículo 339 dispuso que habrá un plan nacional de desarrollo, los 340 y 341 crearon el Consejo Nacional y los Concejos territoriales de planeación y establecieron el procedimiento general de aprobación de la ley del plan nacional de desarrollo. El modelo constitucional adopta el sistema de planeación, sin embargo esto todavía no funciona lo suficientemente bien en Colombia.
Si se mejoró todo el concepto del principio de la descentralización que ha precisado mejor la inversión pública pero también ha servido para generar un gasto público exagerado y mal priorizado.
Tenemos estructura institucional en todos los entes territoriales para ejercitar una verdadera planeación económica y social pero en el proceso de ejecución y de reforma del Estado no avanzamos lo suficiente. Tampoco nos insertamos a la economía mundial o una verdadera cooperación internacional y no hemos podido cerrar la brecha entre el desarrollo social y el económico, o entre el campo y la ciudad, el mejoramiento de la calidad educativa o del acceso a la vivienda; solo es observar los indicadores tercermundistas de desempleo e informalidad.
Los planes nacionales de desarrollo, los planes departamentales y municipales no se cumplen, los intereses políticos van más allá de los generales del país, los departamentos y los municipios, de tal manera que se interfiere en la asignación de los recursos públicos. Y qué decir de los Conpes, que se han convertido en el “hazme reír colombiano” en la mayoría de los casos porque son muchos los ejemplos, que se convierten en letra muerta, y hacen parte de las bibliotecas de todas las entidades públicas que tienen que ver con el sector correspondiente, llámese medio ambiente, servicios públicos, desarrollo urbano, social, etc.
Que algunos programas avanzaron, como decir las 4 estrategias del ex presidente Misael Pastrana Borrero, o el Estado comunitario de Uribe Vélez, indudablemente tuvieron grandes repercusiones en el país, pero muchos programas y proyectos de ese volumen tan grande de planes nacionales de desarrollo, también los departamentales y los municipales han tenido muchísimos incumplimientos. Todos hablan de crecimiento y de lucha contra la desigualdad social, pero no logramos entrar efectivamente en el camino del desarrollo, lo hacemos por un cuatrienio o por unos años y luego de decaemos por crisis internacionales, o errors nuestros, como como justificación.
Que hemos mejorado socialmente, claro es innegable, pero el derroche económico, político, ha sido muy grande y no nos enrutamos en la independencia de los poderes públicos, llámese Congreso con altas cortes y presidencia de la República, o gobernadores con asamblea y la justicia o alcaldes con el Concejo y los jueces. Esta semana por el DANE tuvimos la información de los 17.5 millones de personas en condiciones de pobreza monetaria y los 3 millones de personas en pobreza extrema, esto es escalofriante….es nuestra verdad. Estamos lejos de lograr un país de equidad y de buena calidad de vida.
Los planes de desarrollo de orden nacional, departamental y municipal se han convertido en programas de gobierno, correspondientes a las administraciones de turno, que han orientado los destinos de la nación, los departamentos y los municipios; cada Presidente, gobernador o alcalde quiere ejercer el mandato ciudadano que ha recibido, se olvida en un alto porcentaje de los compromisos de largo plazo anteriores.
Y por lo tanto en la práctica los planes de desarrollo, como son programas de gobierno, revocados por el siguiente . Por lo tanto es urgente arrancar un proceso de reforma constitucional en este sentido.
La ausencia de la planeación, genera una pérdida de oportunidades económicas, sociales y políticas por el desperdicio económico y financiero, pues no se coordina la inversión, no hay una verdadera planificación para generar una transformación de largo plazo; luego los proyectos que se hacen a unos costos altísimos se convierten en intervenciones locales. Es el caso de las 21 Megaobras en Cali o el mismo sistema de transporte masivo de la ciudad o de Termoemcali, todos estos proyectos que no fueron eficazmente terminados.
Es tan grave el problema de la planeaión, que el Congreso de la República, las asambleas departamentales y los Concejos municipales deben llevar estos debates a espacios de discusión pública, aunque la nacion, algunos departamentos y ciudades tengan programas o proyectos de largo plazo o planes maestros.
La planeación de la contratación estatal, otro problema
La planeación es un principio constitucional de la administración pública y también de la actividad contractual, pero los grandes problemas de la contratación del Estado, porque no se construye como herramienta al servicio de los fines del Estado; el principal problema de la contratación estatal al confundir un plan para contratar, con un diseño del proyecto, estudios previos, presupuesto, planos, con planeación.
Se circunscriben en la contratación a los estudios previos que se desarrollan en la etapa pre contractual, descuidando las otras etapas del proceso de cada proyecto, que también requiere una planeación adecuada y todo por la bendita corrupción, que son parte de la ejecución, el desarrollo y cumplimiento de los términos contractuales………. la planeación se desconoce cómo sistema.
Por la ausencia de planeación, se presentan proyectos inviables, sobrecostos altisimos, elefantes blancos, demora en la ejecución de los proyectos, asociados a la corrupción, apesar del ingrediente jurídico de buen nivel que tienen tanto contratantes como contratistas, los intereses son otros. Tanto contratistas como contratantes lo que hacen es limitar el cumplimiento de requisitos exigidos en la ley, pero no se le hace el seguimiento técnico a la planeación y a la ejecución de los proyectos; por ello hay uso inadecuado de los recursos públicos.
Planificar es prever, para orientar la ruta de obtener una meta; gobernar, etapa por etapa. Planificar debe tener un plan, una proyección.
Con las actuales normas de la ejecución de proyectos y de obras, en Colombia no se puede garantizar que las mismas se cumplan en tiempos y costos, por lo tanto se requiere también una reforma constitucional y una nueva ley organiza, que obliguen a que el contratante que inicia las obras se comprometan que se concluyen, que paga lo justo y que están priorizadas, que tienen todos los estudios definitivos para su ejecución, en términos racionalmente económicos de tiempo, uso y compromiso de los dineros públicos, que se entreguen al servicio, garantizando su funcionalidad por un tiempo establecido, con sentido de responsabilidad social aprovechando debidamente los dineros del Estado.
