Por Paloma Valencia
Abogada – Senadora de la República.
La crisis de la justicia no es nueva. La corrupción y la inoperancia son males de vieja data. Sin embargo, no hemos podido lidiar con el tema. Las tensiones políticas han sido utilizadas con admirable versatilidad por parte de los magistrados corruptos, no solo para esconderse y evitar los debates y las reformas; sino también para blindarse con sus propias decisiones de cualquier posible investigación.
Todos recordarán las dificultades del gobierno Uribe y la Corte Suprema por el llamado escandalo de las chuzadas. Muchos colombianos no saben que las uribistas fueron investigados, juzgados y condenados por quienes habían sido auto-declarados víctimas –esos mismos Magistrados. No tuvieron segunda instancia. Y lo que es peor no se probó la interceptación telefónica de ningún magistrado ni miembro de la oposición. Lo que hubo fue la grabación de las Salas Plenas, las reuniones de todas las salas de la Corte Suprema. Esas reuniones que equivalen a las plenarias del Congreso deberían ser públicas y abiertas –como es obvio- sin embargo les dieron carácter de reservado posteriormente para poder constituir el delito. Lo grave no son las grabaciones, lo grave es lo que se escucha en ellas. Los Magistrados –varios de los que hoy están cuestionados- hablan de la necesidad de tratar el tema de los funcionarios uribistas con argumentos políticos y no jurídicos, y proceder contra ellos en legitima defensa. Se preguntarán defensa de qué, y era de que el Presidente Uribe considerara que la Corte Constitucional debería ser el órgano de cierre.
El delito fue grabar esas sesiones y haber hecho pública la información de los organismos de inteligencia del Estado de que esos mismos Magistrados estaban viajando en aviones fletados con personajes vinculados con la mafia, y que de ellos recibían lujosos regalos y costosos mini-bares. Los uribistas pagan cárcel condenados por eso, y condenados precisamente por esos Magistrados que estuvieron de paseo y que no recibieron ni una mínima sanción por sus conductas.
Esto muestra porque han sido reacios a aceptar la segunda instancia –que revise sus fallos- y mucho más vehementes en impedir que exista alguna manera de investigar y condenar sus conductas. Ellos mismos se juzgan, ellos mismos se eligen. Ahora algunos de estos mismos Magistrados fueron chuzados por la DEA que descubrió el macabro negocio de compraventa de procesos en un procedimiento casi extorsivo. Esta es la parte más alta de la montaña de corrupción, de ahí para abajo se tienen que incluir abogados, aliados que son nombrados por recomendación en importantes instancias del poder con los mismos propósitos. Faltan muchos por investigar empezando por los magistrados auxiliares que proyectan los fallos.
Si las cosas siguen así, será necesario revivir el proyecto de Constituyente para la reforma a la justicia que radicó el entonces representante Miguel Gómez Martínez. Colombia necesita una justicia que se parezca a la tutela. Oportuna, ágil y sencilla, basada en la justicia. Una sola Corte de cierre, con magistrados venerables de orígenes distintos unos de la academia, otros de la carrera judicial, otros de la política y otro de usuarios y litigantes –para evitar clubes de poder y configurar un sentido más amplio de lo que es justo. Mecanismos eficientes para investigar y sancionar a todos los poderosos del Estado –excepción hecha del Presidente de la República que requiere un juicio eminentemente político. Sin justicia seguiremos sumidos en la corrupción.