Ricardo Téllez Bautista
Abogado Administrativista, especializado en Administración Pública
Los candidatos a alcaldías y gobernaciones inscritos exclusivamente por grupos significativos de ciudadanos que lleguen a ocupar el segundo lugar en votación no tienen derecho a hacer uso del artículo 25 de la Ley 1909 de 2018[1]. Para sostener la afirmación en tan escasas líneas, dejemos sentada otra oración: El Estatuto de Oposición se aplica exclusivamente a las organizaciones políticas con personería jurídica.
Esto significa que todo su articulado se refiere a la actividad política de seres humanos pertenecientes a partidos y movimientos reconocidos legalmente por el Consejo Nacional Electoral. También significa, para decirlo de otra manera, que los grupos significativos de ciudadanos, agrupaciones políticas o movimientos sociales, nada tienen que ver dicho estatuto. Y frente a semejante claridad, sus candidatos a gobernaciones y alcaldías que hayan asumido esa curul lo han hecho ilegalmente, sin oposición valedera, aprovechando la novedad de la norma y ninguna jurisprudencia creada. Por sustracción de materia, el Estatuto de Oposición no es su carta de invitación a la fiesta de la gobernanza.
En efecto, la inclusión de los grupos significativos de ciudadanos se mantuvo airosa dentro del texto del proyecto de ley desde que el Ministerio del Interior lo radicó en 2017 y hasta 2018 cuando salió del trámite en el Congreso con destino a la Corte Constitucional. Parece un escenario dictatorial, nada democrático, excluyente, injusto con las minorías de ciudadanos inconformes y “alejados de la clase política”, quizás arbitrario. Pero no es así: la Corte Constitucional en la sentencia de control automático de constitucionalidad C-018 de 2018, previa a la expedición de la ley estatutaria, declaró inexequible esa presencia en el objeto de la ley porque, entre otras razones, “…dichos grupos, asociaciones o movimientos –en principio- no cuentan con vocación de permanencia en la vida política, y por consiguientes no buscan constituirse en alternativas para el ejercicio del poder, ni adquieren compromisos frente a un ideal común u objetivo asociados”, además de que al no tener personería jurídica “carecen de estatutos, de militantes, de plataformas ideológicas o programáticas” que les impide el goce de ciertos beneficios que ofrece la ley, y que conlleva obligaciones y deberes que ellos no pueden asumir. (lean las consideraciones Nos. 280 a 282 de la C-018/18)
En la sentencia C-018 de abril de 2018, con el grueso de 293 páginas y luego de 734 consideraciones y tres salvamentos parciales de voto, siete magistrados declararon inexequible la expresión “así como a los grupos significativos de ciudadanos, las agrupaciones políticas y movimientos sociales con representación en las corporaciones públicas de elección popular”, que aparecían en los artículos 2°, 7°8° y 10° del proyecto. Con eso, fueron ´desinvitados´ a la oposición.
En ese orden de ideas es claro inferir que el Estatuto de Oposición al incluir la curul para el segundo en votación en elecciones de gobernadores, alcaldes municipales o distritales, se refiere a aquellos candidatos inscritos por partidos políticos con personería jurídica, pues esa nueva opción tiene origen en una ley destinada a ellos. A nadie más.
[1] Excepcionalmente pueden hacerlo, si el grupo significativo de ciudadanos también cumple haber inscrito una lista a la corporación y haber ganado alguna curul que le permita la transformación inmediata en partido político con personería jurídica, en los términos previstos en el artículo 107 de la Carta y en el parágrafo del artículo 3° de la Ley 1475 de 2011. Así, podrían asumir la curul el 1° de enero siguiente como partido político con personería jurídica, respaldado con una bancada de oposición.