Carlos Armando Cuervo Jiménez
Emprendedor y empresario con formación en Ingeniería Industrial
Tristemente por estos días se ha puesto de manifiesto un incremento de los casos en que se tipifica la figura del abuso de autoridad.
Conducta definida en el artículo 416 del código penal como “El Servidor público que fuera de los casos especialmente previstos como conductas punibles, con ocasión de sus funciones o excediéndose en el ejercicio de ellas, cometa acto arbitrario e injusto, incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público”
Lo desconcertante es que ya no son solamente los episodios en donde los participantes en marchas y manifestaciones son agredidos por los excesos de algunos miembros de la fuerza pública, no ahora se conocen de muchas denuncias de esta práctica ejercida por burócratas, directivos y funcionarios privados.
Esta semana salió a la luz pública un caso a nivel del deporte en donde se sometía a extorsión y amenaza a mujeres para poder continuar en sus entrenamientos con miras a participaciones en competencias.
Pero hemos escuchado denuncias contra curas pederastas, dirigentes ( liga de boxeo ) , entrenadores y líderes deportivos hasta de los depredadores sexuales mimetizados tras cargos de poder en todo orden desde el municipal al nacional.
Ahora el asunto de fondo no es el inicio de investigaciones, las destituciones o la búsqueda de otras conductas punibles derivadas del abuso de autoridad.
Lo que debemos cuestionar y analizar es ese porqué, el cual en nuestra razón, impulsa a atropellar a otros quienes por lo regular se encuentran en condiciones de vulnerabilidad o de inferioridad frente al agresor.
¿Qué impulsa a un miembro de un ente de seguridad del estado a golpear sin piedad a otro conciudadano?
¿Por qué un pastor o sacerdote se aprovecha de sus conocimientos éticos-morales para vulnerar la inocencia de un menor de edad?
¿Cuál es el placer que encuentra un funcionario público en entorpecer y excederse en el uso de sus funciones en contra de ciudadanos del común?
Las soluciones para disminuir estas situaciones no son solamente castigar a individuos indiscriminados sino construir alarmas para notificar las señales psicológicas que exhiben los abusadores y con ello evitar que lleguen esos extremos.
La educación, la evaluación de conductas y el control de los comportamientos sociales díscolos deberían ayudar a disminuir tales prácticas, porque todavía debemos esperar a acciones escandalosas que provoquen la repulsa de la sociedad para actuar en favor de las víctimas.
Como en muchos otros de nuestros oscuros problemas sociales, en Colombia se requiere de gran esfuerzo para que la colectividad reflexione sobre la insensatez del abuso de autoridad y sus consecuencias que destruyen cada día más nuestro tejido social.