Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
Con la descomposición del sistema capitalista globalizado que penetra en todos los ámbitos de la vida social incluyendo la Justicia, dicho concepto tiende en la práctica a desnaturalizarse como expresión de lo justo, es decir, de lo que debe ser frente a lo que no debe ser, o sea de lo que resulta injusto en medio de las relaciones sociales que establecen los seres humanos (clases y grupos sociales), respecto de sus derechos y necesidades y del papel que juegan en la distribución de los bienes materiales y espirituales como por ejemplo entre el trabajador y el empresario en cuanto al pago justo de su salario acorde con su trabajo, entre quien comete un delito y la sanción que debe recibir por el mismo, entre los méritos obtenidos por las personas y su reconocimiento social, entre el capital y el trabajo con respecto a la distribución de la riqueza social; entre los derechos y los deberes de los ciudadanos, etc.
Ahora bien, el reconocimiento de los conceptos de Justicia o de injusticia no solo tienen un carácter histórico determinado por las condiciones económicas, políticas, ideológicas, culturales, sino que constituye un indicativo de que en el capitalismo la injusticia resulta cada vez más relevante, lo cual se refleja en la explotación económica del trabajo, la discriminación social y de género y la exclusión política de los ciudadanos de los asuntos del Estado y de la sociedad, lo que conduce a que finalmente el régimen pierda su razón de ser desde el punto de vista socio económico y socio político.
Colombia no es ajena a esta situación de injusticia que se ha incrementado con la existencia de dos tipos de justicia: uno que opera con todas las garantías procesales relacionada con los negocios de los sectores mas pudientes de la sociedad y otro ineficaz, ineficiente, inoportuno y costoso, a través del cual se ventilan las causas de los ciudadanos comunes y corrientes, que con ocasión de la pandemia del COVID-19 se ha hecho prácticamente inaccesible a los usuarios y abogados litigantes que no tienen los recursos tecnológicos de la denominada justicia virtual que se practica en estos momentos.
Dichos tipos de justicia se promueven por doquier en medio de un juego de competencias de los cuales participan algunos jueces, magistrados y árbitros, dictando autos, sentencias y laudos arbitrales, en favor de determinados grupos de interés que ocupan una posición dominante en el mercado competitivo de la oferta y la demanda de justicia, que tiende a expandirse con la crisis general a todos los niveles e instancias del poder judicial que operan bajo la consigna formal y aparente del respeto al principio de legalidad, la independencia e imparcialidad en las decisiones que se toman.
El ex asesor de EPM y ex magistrado de la Corte Constitucional CARLOS BERNAL, en entrevista al periódico EL TIEMPO del 18 de agosto 2020 manifiesta en términos generales que en el seno del alto tribunal existen unas “mayorías pre establecidas, de tal manera que la persona que me remplace en el cargo tendrá el deber de ser un magistrado independiente e imparcial o simplemente unirse a la tendencia mayoritaria” y más adelante agrega: “..la Corte es objeto de toda clase de influencias externas de ex presidentes, congresistas y políticos activos, tal como aconteció con 4 magistrados que fueron invitados a almorzar por el ex presidente Santos”, lo cual considera como inapropiado.
Así mismo dice que el ex presidente Samper le recomendó atender el caso de una tutela en favor de su ex ministro Saulo Arboleda relacionada con el sonado caso del miti-miti, lo cual puso en conocimiento de la fiscalía sin que tuviera ninguna noticia sobre dicha investigación.
Por otra parte está claro que la justicia no será mas eficiente y oportuna por el simple hecho de operar con los nuevos recursos de la tecnología y de la virtualidad, ya que por el contrario se dificulta aun más su acceso y con ello una mayor injusticia disfrazada de pronta y cumplida justicia.
Así mismo se puede decir que la crisis de la justicia no se podrá resolver como lo advierten el gobierno y algunos centros de pensamiento jurídico con la aprobación de nuevas reformas a los códigos y leyes que en el inmediato pasado muy poco o nada sirvieron para resolver los graves problemas que afronta el sistema judicial en Colombia mediatizado por el autoritarismo de sus operadores, el populismo punitivo, el formalismo procedimental, la dispersión y la congestión judicial y el carácter antidemocrático para la escogencia de los servidores públicos encargados de la administración de justicia, que la han convertido en un enclave de la politiquería subordinada al control de los gobiernos de turno que la utilizan para legitimar sus acciones ilegales e inconstitucionales.
Y de ahí que el camino a seguir para enfrentar la crisis no puede ser el del simple reformismo judicial que tan solo genera “cambios para que en esencia todo siga igual”. En este caso de lo que se trata es de producir un cambio estructural y funcional de la justicia en su conjunto inspirado en la idea de lograr su democratización como una forma de avanzar en su restructuración, contando para ello con la participación real y material de los ciudadanos, gremios de abogados, operadores judiciales, centros de pensamiento que integran el subsistema judicial que a su vez hace parte del sistema integral y autogobernado de la sociedad.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social