Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
El gobierno del presidente Duque pretende con la expedición del decreto 380 del 2021, regular los efectos nocivos causados al medio ambiente y a las personas, derivados de la aspersión aérea con glifosato, habida cuenta de que es posible acabar o disminuir las áreas sembradas con cultivos ilícitos y combatir las organizaciones de narcotraficantes que operan en varias zonas del país, en donde además impera un clima de violencia contra la población campesina, indígena y afrocolombiana, la cual es producto de la competencia por el control de las rutas que facilitan la exportación del alcaloide a otros países como Europa y Estados Unidos de Norteamérica.
Con la nueva normatividad fundamentada en la sentencia T-236 del 2016 de la Corte Constitucional, mediante la cual se ordenó realizar “una mayor actividad de investigación científica por parte de las autoridades públicas para estudiar los distintos riesgos y mitigarlos”, se le abrió nuevamente el camino a la utilización del glifosato bajo la modalidad de la aspersión, que deja en manos de varias entidades del Estado su planeación, aplicación y control, en momentos en que existen inmensas presiones políticas por parte del gobierno de USA para que se proceda a fumigar con glifosato los cultivos de coca que han crecido exponencialmente en el territorio nacional.
Detrás de este oscuro panorama, algunos sectores de opinión, partidarios unos de la legalización de las drogas y otros, de su despenalización, opinan que el glifosato es un producto que se utiliza en Colombia desde hace mucho tiempo, para erradicar las malezas, de todo lo cual dan razón los agricultores que cultivan arroz, caña de azúcar, etc., sin que con ello se cause ningún daño a la naturaleza ni a la salud de las personas que laboran en el campo.
Esta argumentación pasa por alto el hecho de que el herbicida que se usa en este caso en la agricultura, no contiene las mismas dosis ni los componentes químicos que contiene el glifosato que se utiliza con la aspersión aérea o la erradicación terrestre de los cultivos ilícitos. Circunstancia ésta que hace posible controlar sus efectos tóxicos que se producen y que permiten evitar los riesgos y mitigar los daños que se puedan presentar, en tanto que su uso debe ser objeto de un estricto control y permanente vigilancia por parte de las autoridades respectivas.
Ahora bien, el hecho real es que la aspersión aérea con precisión de la que hablan los ministros de Defensa y de Justicia, no impiden para que por acción y reacción de las corrientes de aire, el glifosato termine contaminando el medio ambiente y aquellas zonas adyacentes a las que son objeto de la fumigación, sembradas con toda clase de productos de los campesinos.
Por otra parte, la situación se torna cada vez más difícil de controlar en tratándose de erradicar los cultivos ilícitos en los parques Nacionales y Regionales, páramos, cuerpos de aguas y centros poblados, los cuales hoy son objeto de la acción de los narcotraficantes ante la poca o ninguna intervención de las autoridades y en donde está prohibido utilizar la aspersión aérea con glifosato.
En cuanto al daño calculado en materia de riesgos a las personas y al equilibrio ecológico es necesario aclarar que aun teniendo la certeza absoluta de que puede presentarse un daño mínimo, resulta imposible prever y prevenir los riesgos que implica esta actividad peligrosa, determinada en general por una serie de factores y circunstancias objetivas y concretas que escapan al control de quienes asumen la planificación y ejecución de las mismas.
La política de erradicación de los cultivos ilícitos debe ser revisada a la luz de los acuerdos de paz y de las nuevas condiciones existentes en el país, de manera autónoma e independiente de las presiones internas y externas de algunos sectores interesados en el negocio y tráfico de drogas y de toda clase de estupefacientes que en tiempos de la crisis económica y sanitaria, generan grandes ganancias a propios y extraños mientras se recrudece la violencia y se utiliza la represión sistematizada en contra de las comunidades campesinas y el empleo de métodos y procedimientos que han demostrado ser ineficaces y contrarios a la salud de las personas y del medio ambiente vivo y sostenible.
ADENDA: La declaración del presidente Duque a través de los medios de comunicación en el sentido de que con la aplicación de las nuevas medidas tributarias se aliviará la situación económica y social de los sectores más pobres y vulnerables de la sociedad, en tanto que se gravarán con más impuestos a los sectores más pudientes que perciben mayores ingresos, hacen parte de la estrategia política utilizada por los gobernantes, con la cual se crea la apariencia de que se está siendo solidario con el pueblo y cumpliéndose con las normas constitucionales de justicia, equidad y progresividad tributarias con el fin de erradicar la pobreza en el país.
En la medida en que el clamor ciudadano en contra de la reforma crece mayoritariamente, desde la VEEDURIA que representamos solicitamos al gobierno nacional -a través del Ministerio de Hacienda- retirar la consabida reforma de carácter inconstitucional y contraria a los principios, valores y derechos que consagra el Estado Social de Derecho.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social