Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
No es casual que los gobiernos de turno en el país utilicen medidas de fuerza para imponer sus decisiones esgrimiendo razones aparentemente justificadas, particularmente cuando los ciudadanos se oponen a su ejecución porque con ellas se vulneran sus derechos y libertades ciudadanas.
Un ejemplo de ello lo constituye la determinación de las autoridades de Cali de construir en el sur de la ciudad una estación terminal del MIO, que según los habitantes del Valle del Lili no solo atenta contra el medio natural del sector en donde se erradicaran mas de 500 árboles en medio de una zona arbórea de 60.000 Mts2, sino que además se afectará el humedal El Cortijo y el conjunto de aves que allí habitan y que tendrán que emigrar a otro lugar, con lo cual se cambiará abruptamente el entorno natural y el paisaje que hoy hacen parte de los derechos colectivos que tienen los ciudadanos de acuerdo con la Constitución Política.
En este caso no se trata simplemente de que la autoridad ambiental haya expedido la licencia correspondiente, autorizado el plan de manejo de la zona y se hayan acordado las compensaciones que en materia ambiental debe hacer METROCALI. El hecho real es que las autoridades respectivas no tuvieron en cuenta en ningún caso las observaciones de los habitantes del sector y menos aún la posibilidad de llegar a un acuerdo formal sobre el desarrollo del citado proyecto, ya que no se trataba de oponerse absolutamente a su realización sino a introducirle una serie de cambios fundamentales con el fin de hacerlo compatible con las características medio ambientales del sector y las condiciones de vida de sus habitantes.
El director de infraestructura de METROCALI ha manifestado que en los últimos tres meses se intentó un acuerdo con los vecinos sin poder lograrlo, lo que contrasta con la actitud asumida por su presidente Nicolás Orejuela, quien manifestó públicamente que el proyecto como está diseñado “no tiene reversa”, en tanto que el alcalde Mauricio Armitage afirmó categóricamente que el proyecto “va porque va”, expresiones estas que confirman la vocación autoritaria de dichos funcionarios que prevalidos de la fuerza pública (ESMAD) reprimen a las personas que en su gran mayoría se oponen a que se convierta en realidad dicho despropósito.
Independientemente de las razones expuestas por las autoridades del ramo, la construcción de obras de esta envergadura no deben ejecutarse haciendo caso omiso de las observaciones y propuestas de los ciudadanos y mucho menos utilizando los destacamentos de la fuerza pública para impedir la protesta pacífica de quienes se oponen a la ejecución de dicha obra.
A la Veeduría no le queda la menor duda de que en este caso como en muchos otros, el principio constitucional de que las autoridades deben garantizar la participación de los ciudadanos en todos aquellos asuntos que los afectan de manera directa o indirecta en sus intereses económicos, políticos, sociales, administrativos, culturales, ambientales, no constituye mas que una simple formalidad y en cierta forma un sofisma de distracción, mientras los gobernantes se apropian del poder y hacen del mismo su voluntad al servicio de determinados intereses personales, de clase o grupo social.
Es sabido que en Cali la denominada participación democrática y la política de inclusión pregonada por las autoridades municipales, no dejan de ser mas que una instancia de comunicación y socialización de las decisiones que imponen los gobernantes, alejadas en esta ocasión, de la necesidad de garantizar la convivencia y el ejercicio pleno de los derechos y libertades ciudadanas.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social