Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
Mientras crecen la protesta y el descontento de los caleños por la forma como se imponen en la practica determinadas políticas publicas que tienden a desconocer sus derechos fundamentales a la vivienda, el trabajo, vida digna, bienestar general, la administración del alcalde Armitage consciente o no de la crisis por la que atraviesa la ciudad se vale de la fuerza publica (el ESMAD) para reprimir la protesta pacifica de los habitantes del Valle del Lili, en tanto que amenaza a los del Jarillón con desalojarlos de sus viviendas sin tener en cuenta sus condiciones económicas y sociales, además de que a través de la EMRU se les notifica a los residentes de los barrios del centro de la ciudad en donde se construirá la ciudad Paraíso que tendrán que abandonar sus viviendas y negocios con ocasión de la implementación del Plan de Renovación Urbana que se ejecuta al margen de la participación de los residentes que serán desarraigados del sector.
Desde la administración anterior y con la actual, se vienen multiplicando los problemas de la ciudad en la medida en que las políticas publicas que en su momento se presentaron como la solución de los mismos, no funcionan o se ejecutan a medias, no obstante haberse prometido que con su aplicación se atenderían las necesidades del desarrollo urbanístico en interés de la comunidad.
Mientras tanto los caleños ven con estupor como un puñado de contratistas, empresarios de la construcción y banqueros se benefician con la realización de una serie de obras de infraestructura vial y de viviendas, como las que se ejecutaran en Cali en el barrio El Calvario y Fray Damián para un total de 4.000 apartamentos en donde hoy se encuentran 424 predios urbanos, de los cuales sus habitantes serán desalojados con las consecuencias que ello implica desde el punto de vista económico y social.
Por otra parte, tampoco hay soluciones efectivas para atender las necesidades de los vendedores estacionarios del centro de la ciudad ni para los peatones que no pueden transitar libremente por los andenes que exigen el derecho de disfrutar del espacio público, al tiempo que los vendedores no cuentan con un sitio para desarrollar sus actividades comerciales.
Todo esto debe llevar a los caleños a unirse, organizarse y movilizarse en defensa de sus derechos y libertades conculcadas con las políticas publicas que ha establecido la administración municipal y sobre los cuales se descarga todo el peso de los impuestos, tasas y contribuciones, con los que se alimentan la burocracia y se satisfacen los apetitos de los contratistas del municipio.
Los caleños no pueden continuar dejándose engañar de las promesas y de las ejecutorias de la clase dirigente ni permanecer impávidos ante este estado de cosas que menoscaba su identidad y su dignidad como actores y autores de su propio destino histórico en la edificación de una ciudad que les ha sido arrebatada por un grupo de negociantes que tan solo piensan en su interés personal de grupo o clase social.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social