Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
El futuro de la ciudad de Cali dependerá en buena medida de que sus habitantes como actores y autores de su propio destino histórico, actúen en el marco de determinadas condiciones concretas y objetivas y a su vez estén dispuestos a superar los problemas que los agobian de tiempo atrás agravados con la crisis económica exacerbada por la pandemia del coronavirus.
Uno de tales problemas lo constituye la situación que afronta el transporte masivo al frente del cual se encuentra METROCALI, sometida en la actualidad a la ley de reestructuración empresarial derivada de su estado crítico en materia económica, financiera, técnica y operativa. El gerente de la empresa en reciente entrevista en un medio local dio a conocer a la opinión pública a la manera de un ultimátum, que la empresa se encuentra al borde del colapso si en un plazo de dos meses no se introducen los cambios que según él, se requieren para mejorar las condiciones que permitan aumentar el número de pasajeros que se transportan diariamente en la ciudad, los cuales se redujeron de 450.000 a 150.000 durante el día, disminuyéndose de esta manera los ingresos de los operadores privados que por lo demás reciben un subsidio especial para el sostenimiento del sistema de transporte masivo MIO.
Lo preocupante de este caso es que METROCALI y la alcaldía municipal no tienen una verdadera alternativa de solución en tanto no existe un acuerdo con los operadores del MIO, que han amenazado a METROCALI con nuevas demandas judiciales, adicionales a la que tendrá que pagar la empresa por un monto multimillonario en favor de uno de los operadores.
Por su parte el nuevo gerente de EMCALI manifestó públicamente que ya “se comenzaron a desarrollar una serie de proyectos encaminados a modernizar la empresa y recuperar su competividad y liderazgo en Cali y en el departamento del Valle del Cauca”, con lo que se repite aquel adagio popular según el cual, “del dicho al hecho hay mucho trecho”, circunstancia esta que con el paso del tiempo trajo como consecuencia que EMCALI perdiera valor y competitividad en el mercado de los servicios públicos. Mientras ocurren estos hechos, proyectos como la modernización de la PTAR, la continuación del plan Jarillón y la obtención de nuevos caudales para la ciudad provenientes del lecho del Río Cauca, se encuentran paralizados y desfinanciados.
La ciudad y sus habitantes deben preguntarse cuánto tiempo más deben esperar para que se termine la construcción de las denominadas 21 megaobras que se cobraron por el sistema de valorización y cuyo plazo de ejecución se encuentra vencido.
A todo lo anterior se suman varios problemas que se han ido agravando con el paso de los años relacionados con la movilidad, la inseguridad que crece en sus diferentes formas y modalidades, el ascenso vertiginoso del desempleo y de la informalidad, el incremento de las invasiones, el deterioro cada vez mayor del espacio público, las riberas de los ríos, la deforestación de los bosques debido a la explotación de la minería ilegal y de la construcción de suntuosos complejos habitacionales llevando a que la ciudad crezca de manera espontánea, particularmente en aquellas zonas que deben ser objeto de protección ambiental y fuente principal de los recursos hídricos que nutren los ríos de la ciudad.
No obstante lo anterior, el alcalde Ospina se propone sacar adelante su Plan de Desarrollo que contiene una serie de proyecto y programas, muchos de los cuales responden al querer y deseo personal antes que a la satisfacción de las verdaderas necesidades del pueblo caleño que se debate en la pobreza con la crisis económica, mientras varios grupos de urbanizadores y propietarios de tierras se lucran con la construcción de nuevas obras de infraestructura vial y de otra índole, que hacen parte de los proyectos contenidos en el plan de Desarrollo Económico y Social de la actual administración.
Dichos proyectos tendrán que ser financiados con créditos otorgados por los bancos a partir de las denominadas vigencias futuras mediante las cuales se acrecienta aún más la abultada deuda pública del municipio de Cali que termina convirtiéndolo en un rehén del sector financiero al cual habrá que pagarle una gruesa suma de dinero por concepto de intereses y del capital acorde con lo establecido en el mercado financiero y cuyo costo se trasladará a los contribuyentes a través del cobro de los impuestos municipales y de la contribución de valorización.
Los caleños están en su derecho de exigir al alcalde Ospina la revisión del Plan de Desarrollo con el fin de priorizar algunas obras relacionadas con las necesidades fundamentales de los ciudadanos para superar no solo la crisis económica y sanitaria sino de garantizar el bienestar social para todos los habitantes.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social