Carlos Armando Cuervo Jiménez
Emprendedor y empresario con formación en Ingeniería Industrial
Sin pretender vincularnos en una profunda discusión ética o de análisis moral, el Covid-19 nos obliga a replantear las estrategias productivas con el propósito de alcanzar beneficios y réditos económicos.
El gobierno Duque dado el alcance de la pandemia en diferentes países y con el fin de unificar criterios y salvaguardar la vida humana debió decretar la emergencia sanitaria a través de la resolución de 385 de marzo 12 de 2020 con el fin de prevenir y controlar la propagación del Covid-19 en el país y mitigar sus efectos.
Estas normas obligaron a entrar en una cuarentena a la gran mayoría del país solo permitiendo el trabajo en los sectores esenciales del aparato productivo.
Tras el cumplimento de mes y medio con estas restricciones, empresarios y trabajadores han visto con temor e impaciencia el regreso a laborar.
Ante ello, y al tenor de la resolución de emergencia sanitaria y con el fin de retornar a las labores productivas para algunos grupos del aparato económico y pretendiendo menguar efectos de la cuarentena epidemiológica, el gobierno adopta la resolución 666 de abril 24 de 2020 con la cual introduce unos protocolos de bioseguridad para el trabajador que debe regresar a laborar en algunos renglones no esenciales y designados del sistema económico.
En esta resolución 666 hay contenidos con propósito altruista a pesar de estar direccionadas también a proteger las actividades económicas y empresariales, pero sus exigencias requieren de unos esfuerzos monumentales en lo técnico y lo logístico, siendo el motivo de esta reflexión.
Su apartado principal señala la importancia del distanciamiento social, el continuo lavado de manos y el uso de los tapabocas.
En teoría estas medidas son simples y fáciles de cumplir pero en la construcción de un edificio, la excavación para una obra o en las lineas de ensamblaje o elaboración de bienes de consumo resulta complejo el cumplir al pie de la letra con estos lineamientos.
Ante ello consulto con Luis Fernando Montoya G, exprofesor de la facultad de ingeniería civil de Univalle y gerente de ALMA consultoría e interventoría, quien gentilmente me remite datos y cálculos sobre la implementación de las medidas de seguridad.
El ingeniero Montoya me refiere a varios momentos en el tiempo y la distancia que resultan inmanejables para un empleador y parten del hecho cuando el trabajador regresa del lugar de trabajo a la casa y luego va de su residencia al lugar de empleo. En este espacio de tiempo un trabajador debe manejar de manera responsable sus propias medidas y el empleador confiar ciegamente en ellas.
Aquí llega el primer cuestionamiento ¿de quién es la responsabilidad si el trabajador se contagia y enferma fuera del lugar de trabajo de la EPS o de su empleador?
Superada esta incógnita no prevista en los dictámenes oficiales verificamos las exigencias en varios momentos del retorno al trabajo.
- Transporte del personal desde sus viviendas a las áreas de trabajo en condiciones de distanciamiento de al menos un metro.
- Ingreso al lugar de labores con toma de temperatura y lavado de manos
- Almuerzo en casinos con distanciamiento social y control por personal capacitado en los protocolos de bioseguridad
- Baños con procedimientos de higiene exhaustivos.
- Herramientas en obras civiles que no se pueden compartir
- Permisos o pasaportes sanitarios ante la entidad territorial en cuya jurisdicción se realiza la obra o en donde tiene asiento la industria.
Ya verificando estos pasos el ingeniero Montoya calcula como en el sector de construcción atendiendo las nuevas disposiciones vendrán incrementos hasta de un 75% en costos directos e indirectos de mano de obra, afectando los presupuestos totales.
Además como consecuencia de la cuarentena muchos proveedores han limitado la distribución de elementos desde los centros de acopio logístico hacia los satélites en las regiones, encareciendo materiales por escasez o por demoras en los traslados.
Sin duda un oneroso problema que desbordará el ítem de sobrecostos de obra que oscila entre el 2% al 5% de los presupuestos totales.
Entonces llega una pregunta incómoda ¿Quién pagará estos excesos originados en la epidemia del Covid-19?
También se determinó que la enfermedad proveniente de la transmisión del Covid-19 no es un riesgo laboral, así que son las EPS las obligadas a auxiliar a los contratantes en los casos de los trabajadores afectados por el contagio con el virus fatal, pero si un trabajador fallece ¿Quién pagará la indemnización correspondiente?
Quedan muchos interrogantes por resolver y estos no son solo afectaciones para el sector de construcción y obras civiles, también cobijan el sector de manufactura, el magisterio o a cualquier grupo económico del sector real.
Hay en este proceso de post-cuarentena muchas zonas grises sin definir y resolver en las responsabilidades de prevención, en las médicas y las hospitalarias; como así mismo en las del riesgo y resarcimiento por calamidades fúnebres.
Esto nos demuestra que con cada salida a trabajar jugamos a una ruleta rusa, por tanto las medidas de bioseguridad son más una responsabilidad de cada uno sino nos queremos convertir en parte del número probabilístico y estadístico de fallecidos por Covid-19 que la matemática fría exige cumplir.