*Pablo A. Borrero V. / Luz Betty J. De Borrero
En medio de un clima de confusión e incertidumbre en el país, los colombianos no alcanzan a comprender el manejo que se le ha dado a la crisis sanitaria con la aplicación de ciertas medidas como por ejemplo, que basta con la aplicación de una dosis del biológico para obtener la protección necesaria frente al virus o que es posible espaciar la primera de las segundas dosis sin que se produzcan mayores efectos.
A lo anterior se suman las formalidades a las que se someten a las personas que deben ser vacunadas, además de la inexistencia de las vacunas suficientes para cumplir con dicho procedimiento al tiempo que la someten a largas filas que se realizan en los centros respectivos de vacunación.
Como se observa, estas conjeturas contradicen las prescripciones emanadas de la organización mundial de la Salud OMS que recomiendan seguir al pie de la letra las indicaciones de las entidades y laboratorios que producen las vacunas y determinan su aplicación acorde con los parámetros médicos y científicos que son dados a conocer a los países en donde se distribuye masivamente.
A lo anterior se suma la inexistencia de suficientes vacunas para ser aplicadas a las personas que acuden a los centros de vacunación no siendo atendidas luego de hacer largas filas para lograr la inmunidad con el biológico.
Mientras tanto van y vienen diferentes orientaciones con las cuales se confunde a la población al no existir un consenso mínimo al respecto sobre el manejo y aplicación de las vacunas.
Otro de los aspectos que se debaten en este momento que generan diversos conceptos contradictorios mucho de ellos, es el relacionado con la reactivación de la economía y el camino a seguir por el gobierno del presidente Duque atinente al manejo de la deuda pública y del régimen fiscal que se adoptarán con la reforma tributaria y la venta de varios activos del Estado con los cuales se cree poder afrontar el déficit fiscal y sacar la economía de la crisis existente.
Es sabido que con la crisis de salud agravada con la presencia y expansión del COVID-19 el proceso de la producción, distribución, intercambio y consumo de bienes y servicios, además de los bloqueos originados con la protesta social, se paralizó la economía, en unos casos totalmente y en otros en forma parcial, causando enormes perjuicios que se manifestaron en la quiebra de innumerables empresas de diferente tamaño, agravándose aún más la situación económica y social de los colombianos.
Entre tanto el Estado ha tratado de sortear la crisis concediendo una serie de subsidios y beneficios al sector privado e incrementando el gasto social, cuyos recursos se canalizan a través de los bancos que a la postre han resultado beneficiados con el manejo de dichos recursos monetarios y de crédito.
Ahora bien y no obstante los pronósticos del ministro de Hacienda en materia de crecimiento de la economía del 6% para el año 2021 y del 4.3% para el 2022 y de algunos centros de pensamiento económico como FEDESARROLLO que afirma que la economía del país crecerá en el 2021 un 7.2% y en el 2022 un 7.6%, lo cierto es que dichas metas serán muy difíciles de conseguir en medio de un creciente déficit fiscal de más de 95 billones de pesos que se convierten en un lastre para el desarrollo y crecimiento de la economía, que por lo demás carece de un verdadero plan de desarrollo encaminado a reindustrializar la economía del país bajo las premisas de introducir nuevas tecnologías y mejorar la productividad del trabajo y la conectividad con las economías de otros países aprovechando las ventajas comparativas y competitivas que posee el país en este caso.
Paralelamente al “optimismo” que despiertan las orientaciones del plan de ajuste fiscal tanto del gobierno como de algunos economistas, existen otras opiniones que están en desacuerdo con el mismo, ya que consideran muy difícil reducir la deuda pública que en pocos años estaría en un 60% del PIB, a menos de que se pudiera adoptar algunas medidas estructurales y funcionales en materia fiscal hacia el futuro. Y de ahí que el Estado tendrá que verse obligado a realizar varios ajustes fiscales pues la economía necesita cubrir el hueco fiscal con medidas de política económica de carácter permanente, haciendo que los sectores económicos y sociales más pudientes de la sociedad contribuyan con las necesidades del Estado y de los sectores más vulnerables de la sociedad con el incremento del gasto público social.
El gobierno contempla la posibilidad de conseguir aproximadamente 14 billones de pesos con la venta de Isagen y de otras empresas estatales que según el ministro de Hacienda no son estratégicas y por el contrario, son de poca rentabilidad e ingresos.
Con todo y los augurios del gobierno, los recursos de que dispondrá no le alcanzarán para tapar el hueco fiscal que se mantendrá y crecerá a pesar de la reforma tributaria que traerá nuevos impuestos, tasas, contribuciones y tarifas, etc., sin que con ello se resuelvan los problemas de la mayoría de la población colombiana que sufre los rigores de la crisis económica y sanitaria reflejada en el creciente desempleo e informalidad y la falta de oportunidades para mejorar su condición económica y social, amén de que se aumentará la dependencia del Estado y de la sociedad respecto del gran capital financiero nacional y transnacional en poder de una clase social parasitaria e incapaz de dirigir el Estado y la sociedad, generando un proceso de descomposición a todos los niveles de la vida social.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social