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Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
La protesta Social y Política constituye un derecho constitucional fundamental, cuya legitimidad real y concreta deviene de la participación legal y pacífica de los ciudadanos que reclaman el ejercicio pleno de sus derechos y libertades para oponerse a las políticas públicas de carácter antidemocrático y antipopular de los gobiernos de turno, que so pretexto de la defensa del interés general aplican toda clase de medidas económicas, políticas, jurídicas, etc, con las cuales obstruyen el ejercicio en este caso del derecho a la protesta, tal como ha sucedido en este caso con el auto proferido por la magistrada del Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, que de manera oficiosa les ordenó a los alcaldes y gobernadores de todo el país no concederles permiso a los ciudadanos para la realización de la protesta social, en un acto sin precedentes en la historia judicial del país, en lo que se podría calificar como una clara y evidente extralimitación en el ejercicio de las funciones al tenor de lo dispuesto en el artículo sexto de la Constitución Política.
Por otra parte, los actos de anarquismo protagonizados durante la protesta por grupos de individuos desclasados y por delincuentes, que en medio de la crisis general de la sociedad capitalista se disponen a emprender acciones violentas que tan solo les procuran beneficios personales ligados con sus necesidades e intereses individuales, nada tienen que ver con el ejercicio legítimo y pacífico de los ciudadanos que participan de la protesta social y política y que una vez más se han manifestado en desacuerdo con las políticas públicas del gobierno del presidente Duque, encaminadas a agravar la condición económica y social de vastos sectores de la población que viven en lo fundamental de su trabajo y que han resultado afectados con la crisis económica y sanitaria que azota al país. A todo esto, se suma la crítica por el fracaso de la política del gobierno de garantizar la vida e integridad personal de los líderes sociales y ex combatientes de las antiguas FARC-EP.
Así mismo la protesta apunta en un todo a expresar su oposición a la política del gobierno de proceder a la aspersión aérea con glifosato de los cultivos ilícitos que financia el narcotráfico y que paralelamente afecta a los cultivos lícitos de los campesinos y la salud de las personas que laboran en el campo. Y en general al incumplimiento de los acuerdos convenidos con anterioridad a la protesta con pequeños y medianos empresarios, transportadores, trabajadores de la economía de los servicios, maestros y comunidades étnicas, etc., a quienes la reforma tributaria muy poco les ayudará a salir de la crisis económica y social, en tanto que la reactivación de la economía y la recuperación y creación de nuevos empleos no será posible de lograr mientras se graven las rentas de trabajo de la mayoría de las clases medias y sectores populares, al tiempo que se mantienen los privilegios en favor del gran capital financiero nacional e internacional.
La denominada reforma tributaria bautizada con el nombre de “Ley de Sostenibilidad Social” con la cual se pretende solventar el gasto público social en favor de los sectores mas vulnerables de la sociedad, tiene como fundamento el mantenimiento de la política asistencialista del Estado basada en la solidaridad mendicante de los gobiernos populistas, la cual es utilizada para manipular la conciencia de los sectores mas pobres de la sociedad y ejercer un control ideológico y político que les permita a las clases dirigentes su reproducción en el poder del Estado.
Ahora bien, con todo y los argumentos de los partidarios de la reforma que conjuntamente con el presidente Duque insisten en que esta sea debatida en su integridad en el Congreso de la república, se han levantado las voces de quienes consideran inconveniente la aprobación de dicha reforma que busca obtener nuevos recursos a fin de que el gobierno pueda cubrir el abultado déficit fiscal para cumplir con los compromisos adquiridos con el sector financiero, evitando que las calificadoras de riesgos puedan bajarle la calificación de riesgo-país para la obtención de nuevos créditos con la banca internacional.
Esta circunstancia choca con la opinión casi unánime de varios sectores políticos que públicamente han expresado su inconformidad con dicho proyecto de ley e incluso del partido del presidente Duque, que en cabeza del ex presidente y ex senador Alvaro Uribe ha propuesto que tan solo se estudien algunos artículos de la reforma y se llegue a acuerdos y consensos con otras fuerzas políticas para impedir que la tan cacareada reforma se hunda en el Congreso.
A última hora el presidente Duque ha hecho conocer a través de los medios de comunicación, que a la comisión de asuntos económicos de la Cámara de Representantes se presentará una ponencia sustitutiva que recoge las propuestas de los gremios, con lo cual se considera que ayudará a mejorar el proyecto inicial de reforma tributaria; circunstancia esta con la cual se pretende hacerle unos retoques al proyecto de marras caracterizado por su naturaleza injusta e inequitativa.
En medio de la crisis general y de la pérdida de confianza en el gobierno del presidente Duque, la protesta social y política del conjunto de los ciudadanos se erige como una fuerza capaz de generar la confianza legítima en la lucha social por una causa justa, que confirma que el pueblo colombiano no es una masa pasiva y conformista, no obstante que en algunas ocasiones es objeto de manipulaciones por parte de las clases dirigentes e incluso en campañas de destrucción y de violencia, cuando no es que paralizan su acción en la lucha y defensa de sus reivindicaciones económicas, políticas y sociales.
Afortunadamente estos hechos en las actuales circunstancias han sido superados lográndose que el pueblo se convierta en un garante de los principios, valores y derechos de los ciudadanos que en desarrollo de la democracia participativa han conseguido expresar públicamente sus desacuerdos e inconformidades con el régimen y las políticas del gobierno de turno.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social
