Gran daño a la ciudad, a EMCALI y a los caleños

Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.

De acuerdo con la Constitución Política la función administrativa debe estar al servicio del interés general y desarrollarse conforme los principios de igualdad, moralidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.

En este sentido los órganos de control deben establecer con base en las investigaciones que realizan, sí los funcionarios cumplen a cabalidad con estos principios, u omiten o se extralimitan en el ejercicio de sus funciones. 

Para tal efecto, es preciso que los órganos de control adelanten oportunamente las investigaciones del caso y profieran las sanciones disciplinarias y fiscales a que haya lugar con base en los hechos denunciados por los ciudadanos y las organizaciones sociales y políticas interesados en que se establezca la verdad de las denuncias y se impongan las sanciones y correctivos del caso, encaminados a garantizar no solo el buen funcionamiento de la administración pública sino de asegurar de manera efectiva los principios, derechos y deberes de los ciudadanos y de las propias entidades públicas.

En tratándose de la ciudad de Cali, los órganos de control solo se han limitado en muchos casos a recibir denuncias cuyo trámite y definición se aplazan indefinidamente en el tiempo a la espera de su prescripción, generándose con ello un clima de incertidumbre e incredulidad de parte de los ciudadanos que ya no confían en la institucionalidad.

Dicha situación se refleja particularmente con la contratación que se adelanta en el caso de EMCALI y de la administración distrital, entretanto la Procuraduría y la Contraloría deben establecer la verdad en relación con lo ocurrido en dichas dependencias objeto de las denuncias y de las presuntas responsabilidades que les pueden caber a los funcionarios con la comisión de ciertos hechos contrarios a la Constitución y a la ley.

De esto no se descarta que detrás de las denuncias públicas existan propósitos políticos de algunos sectores que en asocio de ciertos medios de comunicación han montado un show mediático y publicitario con el fin de obtener réditos políticos de carácter electoral.

Estos hechos han causado un gran daño a la ciudad, a EMCALI y a los caleños que exigen a los órganos de control establecer las responsabilidades de los funcionarios que puedan resultar comprometidos, a partir de la realización de una investigación objetiva y confiable de los hechos denunciados en donde debe primar la defensa del interés general sobre determinados intereses políticos que han aflorado en la palestra pública como depositarios de la verdad revelada, los cuales han comenzado a perfilarse como tales en la ciudad y en el departamento.

Desde la Veeduría que representamos exhortamos a los caleños y vallecaucanos a salir en defensa de EMCALI, incluso ante la posibilidad de ser intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos so pretexto de la crisis artificial creada con fines políticos electorales, al tiempo que se deben preservar los principios constitucionales que le sirven de fundamento al Estado Social y democrático de Derecho. 

Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social

El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social