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Ricardo Téllez Bautista
Abogado Administrativista Unilibre, Especialista en Administración Pública Univalle
El Alcalde, Jorge Iván Ospina, expuso ante el Ministerio de Salud una proyección catastrófica de salubridad de Cali Distrito Especial por el mal comportamiento de la mayor parte de la población, sumado a la limitada capacidad de atención que tenemos para contener y atender el número de contaminados que se proyecta. Como respuesta, el Ministro Fernando Ruiz Gómez recomendó ante el Ministerio del Interior la adopción de cuatro medidas, que la titular, Alicia Victoria Arango Olmos, acogió sin pensarlo dos veces.
La Ministra ordenó al Alcalde Ospina, mediante Circular CIR2020-61-DMI-1000, “(…) Dadas las condiciones de alto riesgo por el crecimiento sostenido de la incidencia de casos de COVID-19, y la baja disciplina local”, implementar lo siguiente:
- Realizar un monitoreo estrecho hasta el 15 de junio de 2020, con una estrategia de tamización con el apoyo del Instituto Nacional de Salud.
- Intensificar las acciones de vigilancia en salud pública en la central de abastos y plazas de mercado, los cercos epidemiológicos en los barrios críticos, el incremento de las pruebas diagnósticas, y otras medidas de mitigación con la provisión de mercados y ayudas para la población más vulnerable en confinamiento.
- Fomentar el uso amplio de la aplicación CORONAPP, integrado a la estrategia de monitoreo, por parte de empleados y población en general.
La Circular otorga al Alcalde proceder a la suspensión de algunas de las actividades contenidas en el artículo 3 del Decreto 749 de 2020, en donde se establecen aperturas adicionales con respecto de aquellas del artículo 3 del Decreto 636 de 2020.
Con este apoyo de la autoridad superior para el manejo de la Emergencia Social en todo el país, con fundamento en las cifras de salubridad que el Instituto Nacional de Salud hace oficiales y las que tiene a primera mano, y con la doble responsabilidad por sus calidades de médico y Alcalde, Ospina orientó la decisión. La directora del DAGJP, María del Pilar Cano y su más cercano grupo de asesores, entregó a Ospina el texto del Decreto 0917 por el cual se declara la alerta naranja y se imparten instrucciones en materia de salud, orden público y reactivación económica para preservar la vida y la seguridad ciudadana en nuestro Distrito Especial.
Particularmente declaró alerta roja en la Plaza Santa Elena y su entorno, como zona de calor y geográfica de riesgo generada por la propagación de la pandemia del Coronavirus para preservar la vida, la salud y la seguridad ciudadana de las personas que residen en la zona, trabajan y se abastecen de la actividad comercial. Dispuso el cierre de toda actividad comercial desde el 2 de junio a las 6:00 a.m. hasta las 00:00 horas del 10 de junio de 2020. Se permitirá el cargue y descargue exclusivamente de alimentos y mercancías en el sector de Santa Elena durante el período de toque de queda haciendo presencia institucional, realizando desinfecciones programadas y constantes tamizajes y realizando todas las acciones interdisciplinarias entre las autoridades que intervienen en controlar el contagio y el espacio público.
Con respecto al resto de la ciudad, las medidas apuntan a ejercer autoridad en aquellas comunas que se han caracterizado por la desobediencia criminal, pues no tiene justificación alguna que, en este sólo mes, más de 600 fiestas hayan sido detectadas y desbaratadas, sin perjuicio de otro número indeterminado que siguieron hasta su terminación por la imposibilidad física de atender las llamadas de la comunidad. Las cifras de muchos contaminados es la consecuencia de la desobediencia al aislamiento preventivo obligatorio. Es claro para los que justifican la desobediencia por causa de falta de dinero y alimentos, que los asistentes a fiestas y orgías por sí solos, han aportado en alto grado al número de contaminados.
La Plaza de Santa Elena
En cuanto a que el “Alcalde ordena cierre de la plaza de mercado Santa Elena”, parece un alarmante titular de prensa que limita la decisión a ese espacio físico, como si los contaminados provinieran del interior de ella. La decisión administrativa abarca todo su entorno y, por eso mismo, no podría ordenar intervenir toda el área y exceptuar la plaza, cuya área de influencia es de 17 cuadras comprendidas entre las carreras 26, 27, 28, 32, 32A y 32B y las calles 18 y 19 y 23, 25 y 26. No podría el Alcalde ordenar la intervención de una zona por salubridad peligrosa como la Comuna 10, exceptuando la misma plaza bajo el argumento como que “aquí adentro no hemos generado contaminación” como afirmó un miembro de la Asociación de Comerciantes de Santa Elena.
El problema de la plaza de Santa Elena es su tamaño, su entorno y su historia. La plaza de vistosas formas paraboloides hechas en concreto que le mereció ser declarada Bien de Interés Cultural con área de 9 mil m2, se conformó en 1950 y se consolidó en 1971 con ocasión de los VI Juegos Panamericanos; con el paso de los años se consolidó como el mayor punto de abastecimiento alimentario de la ciudad. Nótese que las plazas Alameda, Porvenir, Floresta, Alfonso López y Siloé no tienen problemas.
Durante los últimos 40 años la invasión del espacio público en toda la ciudad fue desatendida por cada alcalde y directores de Planeación que llegaron y se fueron sin darle importancia al fenómeno. Por el contrario, el penúltimo, Maurice Armitage, con el dejar llegar-dejar hacer-dejar pasar, promovió enmudecido la ocupación foránea. Y de repente ¡zaazzz! El hilo se rompió por lo más delgado. La pandemia atacó a una ciudad vulnerable e incrédula que en buena parte le hace muecas a su peligrosidad. Ni Ospina ni Claudia López puesta aquí, ni el Chonto o Eder, ni Uribe ni Petro, hubieran podido darle una salida eficaz y eficiente al fenómeno de salubridad social.
Los actores operativos de la zona Santa Elena, los concesionarios de la plaza agrupados en una asociación con personería jurídica junto con sus empleados y trabajadores a destajo; los productores rurales procedentes de mercados campesinos, sus proveedores, transportadores, coteros, las empresas del entorno físico y los clientes o usuarios.
Son actores indirectos y por cuenta de la institucionalidad, el Dagma y las secretarías de Desarrollo Económico, de Salud, de Seguridad y Justicia, de Movilidad, de Turismo y de Bienestar Social; por el sector privado la Cámara de Comercio, la DIAN, Fenalco, las grandes y medianas superficies, las tiendas fruver, los tenderos y Cavasa e Invima; operadores de aseo, organizaciones solidarias, entidades financieras, SENA, ICBF y hasta la Policía Nacional. La comunidad está representada por las juntas de acción comunal y la JAL de la Comuna 10. También hay que incluir como actores principales, traficantes de estupefacientes, agiotistas o gota-gotas, los carteles de la papa, del plátano, del tomate y los cebolleros; delincuencia común, prostitutas, pordioseros y zombis habitantes de la calle.
