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Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
En las actuales circunstancias de crisis general por las que atraviesan la ciudad de Cali y sus habitantes, su implementación como distrito especial constituye un craso error ya que no existen las condiciones económicas, financieras y sociales para transformar la estructura política, administrativa y territorial de la ciudad, acordes con las necesidades e intereses de la comunidad caleña. Y mucho menos para resolver de manera satisfactoria los graves problemas que convirtieron a la capital en una urbe en donde reina el caos urbanístico y vial, el transporte masivo no funciona adecuadamente y los caleños se ven amenazados con el aumento de la criminalidad, entre tanto los proyectos y programas consignados en el plan de desarrollo se encuentran en un 50% de ejecución, faltándole al alcalde Ospina escasamente 4 meses para terminar su mandato, quedándole al próximo alcalde que resulte elegido el compromiso de terminar dichas obras además de las que se contemplen en su plan de desarrollo.
Para algunos concejales la transformación del municipio de Cali a Distrito Especial tiene plena justificación debido al crecimiento de la ciudad y a la hecho de que “una sola persona no puede dirigirla” adecuadamente. En principio dicha concepción corresponde a la vieja y prosaica división del trabajo como base de la nueva organización, que nada tiene que ver con la aplicación del principio de la descentralización política y administrativa, que seguirá estando en cabeza del alcalde mayor, que de paso será quien designe a los alcaldes locales, acentuándose de esta manera el viejo y desueto centralismo político aplicado por anteriores administraciones.
Partiendo de la base de que la mayor parte del territorio es rural y en éste se encuentran la reserva natural y las fuentes hídricas que nutren los acueductos de la ciudad, su manejo y dirección no pueden estar a cargo de un solo alcalde local lo que haría prácticamente imposible su gobernabilidad desde el punto de vista administrativo y funcional.
A lo anterior se agrega que Cali distrito, carece de la capacidad económica y financiera para impulsar su desarrollo, en tanto que los recursos presupuestales de que dispone no alcanzarían para atender las necesidades del distrito y los compromisos adquiridos con la comunidad al tenor de lo dispuesto en la ley 617 del 2000; además de que la deuda que actualmente tiene el distrito con el sector financiero asciende a más de 2.2 billones de pesos.
La creación de Cali como distrito especial turístico, deportivo, cultural, empresarial y de servicios, conforme a la ley 1933 del 2018, aprobada sin mayor discusión en el congreso de la república, obedeció a intereses económicos y políticos que nada tienen que ver con una verdadera organización administrativa y territorial de la ciudad de Cali para lo cual era menester hacer un estudio a fondo de las condiciones reales existentes en la ciudad de aquel momento.
Igualmente, debe decirse que el proyecto de acuerdo que ordena su implementación no ha sido discutido plenamente en el seno de la comunidad, circunstancia esta que le resta legitimidad al mismo para convertirse en una decisión que obligue a los caleños a acatar los cambios que se proponen en el citado proyecto de acuerdo.
Por tanto, desde la Veeduría que representamos solicitamos el aplazamiento del proyecto del acuerdo que cursa en el Concejo Distrital, a la vez que exigimos la necesidad de que se realice una consulta popular para decidir el futuro de la ciudad de Cali en relación con su transformación política, administrativa y territorial..
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social
