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Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
Dicha propuesta que será presentada próximamente por el presidente Gustavo Petro para su trámite y aprobación en el Congreso de la república, ha despertado un gran debate en varios sectores de opinión y de la ciudadanía en general al considerar que con la misma se rompe nuevamente con todos los esquemas jurídicos del país, en tanto que su objetivo es otorgarle beneficios jurídicos a los capos de las organizaciones armadas dedicadas al tráfico de estupefacientes que actúan en varias zonas del territorio nacional.
Y aunque hasta la presente se trata solamente de una propuesta, el hecho real es que de formalizarse en una ley de la república, se estaría convalidando la impunidad no obstante que desde el gobierno se considera que también los narcotraficantes tienen derecho a la reconciliación y a gozar de los beneficios judiciales, conjuntamente con todos sus aparatos políticos, financieros y armados comprometidos con el negocio de las drogas ilícitas.
Dicha alternativa advertida por el presidente Petro en medio del discurso de su primer año de gobierno no depende de su voluntad conciliatoria, sino que hace parte de toda una concepción política según la cual el combate contra las drogas ilícitas ha fracasado en todo el mundo capitalista globalizado y por tanto es necesario buscar otras alternativas para resolver los graves problemas que generan el tráfico y la comercialización de las drogas ilegales.
Ahora bien, quienes abogan porque a los guerrilleros y narcotraficantes se les debe encarcelar para que paguen con cárcel sus delitos, parten del supuesto de que debe existir una relación entre el crimen y el castigo que se merecen los delincuentes, lo cual según se dice puede servir para alcanzar un objetivo mayor como sería la consecución de una paz estable y duradera.
Dicha apreciación no deja de ser más que una suposición que poco o nada tiene que ver con la propia realidad que se vive en Colombia.
Entretanto los capos del narcotráfico que se someten a la justicia, continúan operando sus negocios desde las cárceles, valiéndose para ello de sus influencias y poder corruptor con el cual logran asegurar y controlar el negocio del comercio de las drogas ilícitas tal como viene sucediendo en todos estos casos.
Y de ahí que la reconciliación con los narcotraficantes no deja de ser más que una aparente realidad que descarta toda posibilidad de lograr por este camino una solución real para dicho problema que en definitiva no produzca una deformación de la propia realidad social.
Esta compleja iniciativa conjuntamente con la posibilidad de que se apruebe la legalización de las drogas se convierte en un eje fundamental de la legitimación del negocio y tráfico de drogas que ya existe en otros países como el Canadá y en varios estados de la Unión Americana, lo cual hace parte de la lógica con la que se manejan los asuntos en el mundo capitalista globalizado a partir de la ampliación del consumo con el cual se justifica la producción, la distribución y comercialización de la droga.
Es necesario que se genere un amplio debate en todo lo concerniente a este tema, acorde con lo establecido en la Constitución donde se establece que las autoridades tienen la obligación de garantizar la participación de los ciudadanos en los asuntos de interés de general que los afecten directa o indirectamente y no se privilegie el interés privado disfrazado de interés social.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social
