Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
En esta oportunidad no se trata de llamarle la atención a la administración municipal que preside el alcalde Armitage en relación con el cumplimiento de la función administrativa que de acuerdo con la Constitución debe realizarse en defensa del interés general y desarrollarse con fundamento en los principios de la igualdad, moralidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, sino para exigirle que atienda con mayor juicio los reclamos de los ciudadanos ya que en su calidad de funcionario público no puede hacer sino lo que le señalan la Constitución y la ley, por fuera de las cuales puede estar incurso en actos de omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.
Esta solicitud obedece en buena parte a que está demostrado con las encuestas de opinión que se están realizando en el país, que los problemas que más afectan a los ciudadanos en general y en particular a los caleños, tienen que ver con la corrupción y la inseguridad que reinan en la ciudad y respecto de las cuales aparentemente la administración ha tomado ciertas medidas de acuerdo con el Concejo Municipal, la policía, la fiscalía y algunas secretarías del despacho municipal, cuyos resultados parciales y transitorios revisten mas bien un carácter “mediático”, que no tiene por objeto erradicar las causas que las generan o por lo menos mitigar sus efectos perniciosos de una manera mas eficiente y decidida, para lo cual es indispensable contar con el apoyo de los ciudadanos que no reciben el mismo trato cuando se aprestan a denunciar los actos de corrupción o de inseguridad que permanentemente se suceden en la ciudad, con algunas pausas en el tiempo y en el espacio, que crean la percepción de que se está combatiendo el delito y garantizando los derechos de los ciudadanos.
Todo esto a propósito de que el alcalde en reciente entrevista en uno de los medios de comunicación local anunció como un gran logro el hecho de haberse reducido de 80 a 79 los homicidios en la ciudad durante el mes de febrero, gracias al empeño de las autoridades en combatir la inseguridad, en momentos en que esta se volvió recurrente como producto de diversos factores que no son evaluados ni sopesados en toda su magnitud e integridad, con el fin de prever y prevenir su nefasta ocurrencia que se produce a través de ciclos que dan la sensación de su discontinuidad y desestimulo con la aplicación de medidas represivas y la utilización de algunos instrumentos de vigilancia puestos en funcionamiento por esta administración.
El otro fenómeno tiene que ver con la corrupción que corroe y se agiganta en el seno de la sociedad y de la propia administración municipal estrechamente ligada con la contratación oficial y los sobrecostos en las obras públicas, mientras se continúa negociando con los operadores del MIO la entrega de los subsidios para financiar dicho sistema de transporte, que atraviesa por una quiebra técnica, financiera y operativa, frente a la cual la contraloría municipal ha tomado cartas en el asunto a través de un control expres de la inversión de los recursos en el fondo FESDE, circunstancia esta que bien podría estar enmarcada dentro de los linderos del abuso del derecho y de una eventual conducta delictuosa.
Desde la Veeduría que representamos queremos expresar nuestra preocupación y la de amplios sectores sociales por lo que viene ocurriendo en la ciudad relacionada con la inseguridad y la corrupción que son dos flagelos que tienen que combatirse con medidas derivadas de una política estructural de seguridad integral y anticorrupción aplicadas a una realidad cambiante, que no da tregua ni admite pausas y cuyas causas solo es posible erradicar contando para ello con la participación de los ciudadanos.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social
